Máxima tensión alcanzó ayer el conflicto en la Dirección General del Cultura y Educación bonaerense (DGCyE), edificio que está desde hace varios días tomado por los trabajadores que se oponen a los ajustes aplicados por el gobierno provincial.

En ese contexto, acorralados por el conflicto, el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y la directora general de Cultura y Educación, Nora de Lucía, salieron a denunciar -en conferencia de prensa- supuestas amenazas en la cartera educativa contra funcionarios. Apuntaron a la agrupación 11 de Septiembre.

Las denuncias lo único que provocaron es la profundización del conflicto. Y más después de que, a horas de la noche, se desplegara un enorme operativo policial, con efectivos de Infantería, que ingresaron al hall central del edificio.

Según pudo saber Hoy, tras-cendió que existía una orden de desalojo y había temor de que se produjeran hechos de represión. Por eso, ante la tensión generada, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad se comunicaron con dirigentes del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y de la Educación (Soeme) para expresarles que la presencia policial se iba a limitar a intentar prevenir incidentes.

“Responsabilizar a un grupo menor, vinculado con el PJ de La Plata, demuestra que se trata de una cortina de humo. Se intentó, con falacias, minimizar un conflicto que es muy grave”, le dijo a este diario el secretario general del Soeme, Marcelo Balcedo.

Y agregó: “Evidentemente, la Provincia no tiene los fondos para cumplir con los salarios de acá a fin de año o no está en condiciones de poder pagar la segunda cuota del aguinaldo. Estamos hablando que se quiere hace pagar a los trabajadores un ajuste de 700 mil pesos por mes, que es lo que se quiere recortar en horas extras, cuando una prestadora privada de Salud que trabaja para la DGCyE se lleva más de 6 millones, que equivale a todo lo que se gasta en horas extras en Educación. Se trata de un servicio que tranquilamente puede prestar el Estado mediante juntas médicas, que sería mucho menos costoso”.

Balcedo agregó que “si hubiese voluntad de diálogo en la Provincia, los gremios le indicaríamos a las autoridades dónde se encuentran las verdaderas cajas negras, que mueven cifras muy superiores, como también son los alquileres sobrevaluados y los 35 mil ñoquis. Hay gente fallecida que está cobrando, y cargos truchos que se vienen acumulando desde los años ‘90, para financiar actividades políticas”.

“Evidentemente, los funcionarios que se hicieron cargo de la conducción de la Dirección General de Cultura y Educación no saben dónde están parados”, concluyó Balcedo.

En diálogo con Hoy, Oscar de Isasi, titular de ATE, otro de los gremios que forman parte de las protestas contra el ajuste, afirmó que “hacemos responsable a la ministra Nora de Lucía y al gobernador Scioli por lo que pueda ocurrir en caso de que haya represión”. Y agregó: “Los trabajadores no son barrabravas, como pretende hacer creer el gobierno. Están defendiendo sus derechos y con la denuncias de los supuestos actos de violencia se intentó preparar el terreno para una eventual represión”. De Isasi agregó que “el ajuste no solamente se está aplicando en Educación, se está dando en todas las áreas, y una clara muestra de ello es la falta de insumos en los hospitales”.

Más críticas al gobierno provincial

Miguel Díaz, titular de la Unión de Docentes Bonaerenses (Udocba), afirmó que es “una vergüenza y una aberración lo que está sucediendo en la Dirección de Cultura y Educación. Y toda la responsabilidad le cabe a las autoridades provinciales. Tenemos compañeros que hace tres meses que no cobran. Incluso, a los maestros que tienen tres cargos solamente les están pagando dos. Los compañeros están sosteniendo, a costa de su bolsillo, la escuela pública de la Provincia”.

Díaz agregó que “las verdaderas cajas negras de Educación no se tocan. Es sabido que en la rama Superior hay un reparto absolutamente discrecional de horas cátedras, que se utilizan para financiar la política”, afirmó.

En tanto, desde el Sindicato de Gráfico, su secretario gremial Jorge Ortega también cuestionó el accionar de las autoridades de la Dirección de Escuelas. “Creemos que se actuó de manera muy apresurada, y exigimos que haya un tratamiento diferenciado para cada uno de los sectores”, le dijo a este diario.