El turno de las presiones externas le llegó ayer a Uruguay, a raíz de su decisión soberana de impedir la prestación de servicios de fibra óptica a dos multinacionales de las telecomunicaciones. Los planteos llegaron desde México, España y la Unión Europea (UE). Las respectivas embajadas expresaron “preocupación” por la “situación de las empresas”, en alusión a Claro y Movistar, tras una resolución del gobierno de Montevideo que confirmó que la estatal Antel ostenta, por ley, el monopolio de los servicios de fibra óptica.

La resolución podría ser analizada en mayo por la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio con México, dijo el embajador uruguayo en ese país, Rodolfo Camarosano. Por su parte, la UE también planteó la conveniencia de abordar el tema “a la brevedad”. Uruguay tiene tratados de protección de inversiones con ambos países. Una reciente disposición de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones obligó a Claro a dejar de dar conexión a Internet vía fibra óptica. Tampoco autorizó a Movistar.

Las empresas sólo pueden ser proveedores de Internet por medios inalámbricos. El viceministro de Industria, Edgardo Ortuño, explicó que la decisión se tomó al amparo de una ley según la cual es “competencia exclusiva del Ejecutivo la fijación de la política nacional de telecomunicaciones y de los servicios de comunicación y audiovisuales”.