Ocho de cada diez empresarios aseguran haber escuchado situaciones de soborno, pero sólo el 20% reconoce haber pagado. En total, suman 62.500 millones de euros, entre el 6% y el 10% de losa ingresos de las empresas destinados a sobornar a funcionarios y políticos.

Los datos se desprenden de un informe del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) publicado por el diario español El Mundo. El sondeo muestra además que el 20% de las formas que sobornan lo hacen para lograr modificaciones legislativas, de regulaciones o de normas urbanísticas que favorecen sus intereses.

Y una de cada diez dice haberlo hecho para convencer a un juez en su favor, conseguir la adjudicación de un concurso, agilizar un procedimiento administrativo o evitar ser 'molestado' por la policía estatal.

"La encuesta ha revelado también que el porcentaje más alto de petición de sobornos se da en los Gobiernos estatales y municipales. Y menos en los federales", precisó el director del CEESP.

Y subrayó que "se da en burócratas a todos los niveles. Pero hay casos en los que se saben perfectamente los nombres de los secretarios que piden por norma el 10% de la inversión o de los beneficios. Y seguramente, todos ellos cuentan con el beneplácito de sus gobernadores".