El secuestro ocurrió cuando el menor paseaba en bicicleta en el barrio Las Alamedas, en Atizapán, un municipio del Estado de México ubicado en el área metropolitana de la capital, y su cadáver fue hallado en el barrio Nicolás Romero.

El padre de "Giussepe" había recibido recientemente su liquidación como ex trabajador de la estatal Luz y Fuerza del Centro, empresa que el Gobierno mexicano cerró en octubre del año pasado, de acuerdo con un comunicado de la ONG, versión que no pudo ser confirmada con la Fiscalía local del Estado de México.

Según este organismo, las autoridades detuvieron a Omar Alin Rayas Becerra, de 20 años, cuando se llevaba a cabo el pago del rescate.

Los legisladores mexicanos "han dado suficientes muestras de privilegiar sus estrategias de poder, antes que resolver los grandes problemas que nos aquejan como ciudadanos", sostiene la ONG México SOS que pide el esclarecimiento del crimen.

Además, recuerda que el proyecto de ley antisecuestros, presentado por el presidente de México, Felipe Calderón, eleva las penas de cárcel cuando las víctimas de raptos sean menores de edad y mueran a consecuencia del secuestro.

La ley también plantea que el Estado deba reintegrar la totalidad de lo pagado por el rescate a la familia de la víctima, y otorga otra serie de apoyos.