"La respuesta que tengo para este tema quizá no sea políticamente correcta, pero la digo con absoluta sinceridad. No estoy convencido de que en esas causas, los plazos procesales se estiren más que otras -dijo el juez-. Insisto, lo expreso con total sinceridad. Porque quizá sería más fácil dar una respuesta cliché (sic) y decir que los recursos previstos en los códigos son para ser presentados por todos".

Mustapich, para respaldar su pensamiento, recurrió a un ejemplo, el crimen del productor rural de Caleufú, Armando Giraudo, ocurrido el 2 de marzo de 2009. "El homicidio sucedió hace más de dos años y el fallo no está firme, porque los defensores siguen recurriendo. Usted podrá decirme, el fallo no está firme, pero los imputados están presos... y es verdad, pero están detenidos porque es una imputación más fuerte y además el delito prevé sanciones gravísimas".

El ministro del STJ aceptó que "otras imputaciones menos graves" le permiten al sospechoso permanecer en libertad durante el proceso -en alusión a los casos de hombres del poder-, pero acotó que "no creo que los plazos sean más rápidos o más lentos, según se trate de un funcionario o de un perejil. Quizá alguien pueda pensar que soy ingenuo o que le estoy tomando el pelo a la gente, pero no es ni una cosa ni la otra. Simplemente pienso que no hay diferencias".

Mustapich insistió con que "no estoy convencido de que (esas causas) se estiren mucho más" y entregó otro fundamento: "Hay un seguimiento más sensible de los casos que involucran a funcionarios porque impactan distinto en la opinión pública. La prensa los sigue día a día porque a la gente les interesan. Pero si hiciéramos un rastreo de causas demoradas, que tienen los plazos que fija el Código Procesal vencidos, no habría diferencias notorias. Diría, para ser muy claro, que estaríamos ahí nomás".

Un mal antecedente.

De este asunto, son contados con los dedos de una mano los funcionarios judiciales que se animan a hablar públicamente. El último que lo había hecho fue otro ministro del STJ, Eduardo Fernández Mendía, cuando el 5 de junio de 2007, durante una entrevista con Radio Noticias, aseguró que el expediente de la megacausa del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda "huele mal" y que no quería pensar que los abogados intervinientes utilizaran "chicanas o actitudes dilatorias" con el solo propósito de extender los tiempos del proceso.

En ese expediente se investigó el desvió de casi un millón de pesos del IPAV. Con esos dineros públicos, el ex vicepresidente ejecutivo, Hugo Agüero, se compró un sommier para su departamento; él y el ex gerente general, Luis Araniz, pagaron sus celulares, y además ambos autorizaron que se abonaron viajes, fiestas y regalos para los empleados, y se adquirieran cosas tan llamativas como anticonceptivos, pirotecnia, boleadoras, vinos Luiggi Bosca, huevos de Pascuas, etc. Por eso la justicia los condenó -los dos están detenidos- y describió esas conductas como "una evidente corruptela administrativa".

¿Qué pasó con esas palabras? El abogado de Araniz, Carlos Amado, demandó a Fernández Mendía y el juez del Superior Tribunal le terminó pidiendo disculpas en una audiencia de conciliación. "Fueron expresiones equívocas que se entendieron de diferentes modos (...) en modo alguno tuvieron intenciones de dañar el buen nombre, alto honor, dilatada trayectoria y/o distinguida reputación del profesional", expresó el demandado. Y Amado no siguió adelante.