Se trata de las administraciones de Ricardo Quintela (Capital) e Ismael Bordagaray (Famatina), desde donde sus funcionarios ratificaron que esta semana se presentarán ante la justicia para reclamar que el gobierno incumple hace meses con convenios financieros que tiene firmado con sendas comunas.
El gobierno provincial sigue en el ojo de la tormenta, ya que dos municipios (Famatina y Capital) siguen denunciando públicamente que sufrieron un fuerte recorte de fondos por no avalar la política pro minera oficial y advirtieron que en las próximas horas harán lo propio pero en la justicia local.
La comuna del Oeste denunciará penalmente este martes ante Tribunales al ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, por la retención indebida de fondos públicos. La medida fue confirmada por el secretario de Gobierno de la comuna, Ariel Luna, quien indicó que el municipio no recibe recursos desde el 29 de diciembre.
De esta manera el funcionario municipal vinculó esa situación con la oposición del intendente Ismael Bordagaray al desarrollo minero a cielo abierto que impulsa el gobierno.
Dando detalles sobre la negativa del gobierno, expresó: “reclamamos varias veces al gobierno pero no hemos tenido respuestas. Ni siquiera nos atienden”, enfatizó.
En ese mismo marco, admitió que la situación financiera del municipio se complica cada vez más, aunque afirmó que “por más que nos sigan apretando, no vamos a cambiar la postura porque nos debemos al pueblo de Famatina”.
En igual sentido se manifestó la secretaria de Hacienda del Palacio ‘Ramírez de Velazco’, Claudia Ortiz, La funcionaria municipal reclama que la Casa de Gobierno le transfiera fondos coparticipables de enero y febrero más un remanente de la partida de gastos para funcionamiento.
De esta manera confirmó que si el miércoles el gobierno provincial no completa las transferencias de fondos adeudados al municipio, la Fiscalía de Estado de la comuna capitalina denunciará judicialmente al ministro provincial Guerra por “retención indebida de fondos”.
Más allá de ello se mostró optimista en alcanzar un acuerdo antes de tomar esta drástica medida, ya que Ortiz creyó posible que durante este martes y las primeras horas del miércoles la provincia transfiera los recursos que el municipio reclama.
Entre ellos, “unos 475 mil pesos pendientes de la distribución de impuestos provinciales de enero; una suma no precisada correspondiente a febrero y un saldo de la partida de gastos para funcionamiento por unos 700 mil pesos”.
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