Venimos advirtiendo que la situación de los municipios debe resolverse desde el plano de las propuestas, como lo hemos hecho con la presentación de un proyecto de ley que plantea concretamente la modificación de los índices de distribución de los recursos coparticipables. La desidia del oficialismo en resolver este grave problema de orden económico, institucional y social, es preocupante, pues su única propuesta es que los intendentes vengan a mendigar más seguido al Ejecutivo provincial, especulando con la necesidad de empleados municipales que cobran salarios por debajo de la línea de la pobreza, en un marco de haberes y aguinaldos adeudados, asignaciones familiares suspendidas, sin aumentos a la vista; un escenario de prestación de servicios absolutamente deficitarios, y un horizonte de limitaciones permanentes?, consignó el dirigente y diputado provincial.

?No se adonde quiere llegar el gobierno con esta situación, muchos municipios se están incendiando y perjudicando gravemente a los empleados y a los vecinos, y con los cortes de ruta y medidas de protesta, ya comienzan también a provocar trastornos a toda la provincia?, alertó.

?Los cortes de ruta, asambleas, reuniones y gestiones podrán ser exteriorizaciones de una desesperada voluntad de acceder a soluciones que lejos estarán de llegar si no se ataca el problema de fondo, o sea, la redistribución de los fondos coparticipables. No se puede seguir con este sistema, el más injusto de toda la región, el que sostiene el índice coparticipable más bajo de todas las provincias de la región?, embistió.

?El sistema actual de coparticipación prevé que, de todos los recursos coparticipables que vienen de la nación, la provincia envía el 10% en forma directa a los municipios y retiene un 2% para un fondo compensador de emergencias. Nuestra propuesta contempla elevar ese índice de coparticipación a un 16,5% de transferencia directa, un 0,5 % para el fondo compensador y la coparticipación de la totalidad de los fondos que ingresan en concepto de regalías petroleras, esto significaría una inyección de recursos en más de 350 millones anuales para los municipios?, planteó.

Para Hernández, ?no se tratan de números y porcentajes caprichosos, es un índice razonable, de cumplimiento posible y que responde estrictamente a un espíritu federal de distribución de recursos, para lograr encaminar a los municipios hacia una autonomía real, y estamos dispuestos a debatir y discutir otras alternativas o soluciones de fondo, pero esta situación debe resolverse y en forma urgente.