Es el objetivo del proyecto de ley Acceso justo al Hábitat que también establece que los predios con obras paralizadas más de cinco años pueden ser destinados a vivienda social.
De acuerdo a lo previsto por el artículo 64 del proyecto, los municipios serán los encargados de definir qué lotes son ociosos. Para poder llegar a la expropiación primero el Concejo Deliberante local establecerá la necesidad de expropiar el lote invocando el concepto de “utilidad pública” y, finalmente, se necesitará la aprobación de la Legislatura.
En los argumentos de la iniciativa se dispone que los municipios “podrán declarar el parcelamiento o la edificación obligatorios de inmuebles urbanos baldíos o con edificación derruida o paralizada”.
Los críticos de la iniciativa, de acuerdo a lo publicado hoy por Clarín, consideran que la falta de especificaciones en la aplicación puede provocar afectación patrimonial en los propietarios.
Ayer, el diputado España del Frente para la Victoria, uno de los autores del proyecto, rechazó que la ley incurra en modificaciones en el régimen de expropiaciones, “que existe hace 50 años y está contemplada en la Constitución”.
“Están diciendo que los intendentes van a expropiar y es una equivocación “, sostuvo el legislador. “Sólo podrá concretarse cuando se establezca la necesidad de bien público. Se hace por ordenanza y después interviene la Cámara de Diputados”, dijo.
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