La Ley de Financiamiento Educativo (LFE en adelante) fue sancionada en Diciembre de 2005, y tuvo como principal objetivo incrementar la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En términos cuantitativos, se proponía elevar progresivamente la participación del Gasto Público Consolidado en Educación en el PIB, hasta alcanzar la meta del 6% en 2010, partiendo del 4.6% alcanzado en 2005. En la Ley se determinaban los esfuerzos relativos que debían hacer ambos niveles de gobierno para alcanzar los aumentos progresivos en el Gasto Educativo: de acuerdo a los artículos 4º y 5º, la Nación debía aportar el 40% de los recursos adicionales en forma anual, quedando el restante 60% en manos de los Gobiernos Subnacionales.

El artículo 7º fijaba un plazo de cinco años para dicha afectación de recursos (2006/2010), de modo que a partir del 31 de diciembre de 2010 (una vez alcanzada la meta del 6%), las provincias recuperaban la libre disponibilidad de dichos recursos, lo cual efectivamente se llevó a cabo durante 2011. Si bien en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2012 no estaba incluido, al momento de sancionar la Ley se introdujo un nuevo artículo 2º a partir del cual la LFE recupera su vigencia a lo largo del ejercicio fiscal 2012, y es en este punto donde surge la problemática financiera para las Provincias y para los municipios, en particular, ya que ambos niveles de Gobierno elaboraron sus pautas presupuestarias anuales (tanto en términos de recursos como gastos), sin contemplar esta afectación y detracción,

respectivamente, en sus ingresos coparticipados.

Dado que en 2011 la LFE no tuvo vigencia, no se cuentan con datos desagregados de ejecución del Gasto Educativo, para lo cual estimamos su evolución a partir de los datos de cierre 2010, asumiendo que el incremento fue destinado a mantener la participación en el 6% (del cual el 4.2% es financiado por las provincias), en lugar del 6.2% alcanzado en 2010. De este modo, el gasto consolidado debería haber seguido una dinámica de crecimiento algo inferior a la del PIB (18% vs 23%, respectivamente), equivalente a un gasto adicional combinado de $16.443 millones, y ubicando el gasto consolidado en $106.301 millones.

Para el 2012, el cálculo se simplifica a replicar el incremento en el producto bruto previsto en la Ley de Presupuesto Nacional, tal cual establece el artículo 6º de la LFE. De este modo, el gasto educativo debería expandirse en un 17.7%, tanto a nivel nacional como provincial, llevando el gasto total combinado a $125.117 millones. Esto implica un aporte subnacional de $13.168 millones anuales, que le permite mantener su participación en el 4.2% del PIB. El articulo 73º dice:- Establécese la vigencia para el ejercicio fiscal 2012 del artículo 7º de la Ley 26.075, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley 26.206. / ARTICULO 9º.- El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB).

Si bien este es el número que debería considerarse, si se miran las detracciones efectuadas en el primer bimestre se observa que la afectación anual será sustancialmente mayor.

Formosa afectada

Es de destacar que la afectación de los recursos en el marco de esta Ley fue sentida por las Provincias hacia fines de Enero de 2012, y durante Febrero de 2012, particularmente, cuando se afectó una mayor proporción de recursos para compensar los montos no afectados durante Enero último. Si bien la situación ha sido normalizada en lo que va Marzo, y se afecta diariamente una suma fija, las provincias han visto deducidos una importante porción de recursos de libre disponibilidad (más del 10% del monto total coparticipado), lo que las obliga a recalcular sus previsiones de gastos y reasignar partidas presupuestarias.

Dado que para la coparticipación de recursos provinciales a municipios, deben deducirse estos recursos afectados por la LFE, esta detracción la sufrirán los municipios a lo largo del ejercicio 2012. Dado que los municipios reciben aproximadamente el 13% de los giros coparticipados a provincias, se podría afirmar que las intendencias contarían con unos $2.400 millones menos en concepto de ingresos tributarios a lo largo de 2012. Si bien no se cuenta con datos actualizados a nivel municipal (la última información disponible data de 2010), la pérdida asociada a la reimplementación de la LFE representaría alrededor del 7% de la coparticipación municipal y el 3% de los recursos anuales, ambas cifras estimadas en forma previa a la reforma 3ra.

A excepción de los municipios pertenecientes a las provincias de Jujuy y San Juan (y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que no registrarán detracciones por tratarse la coparticipación de una suma fija determinada anualmente (San Juan) o atada al pago de los salarios municipales (Jujuy), el resto de las intendencias percibirán detracciones anuales promedio del 6.5%, registrándose un máximo del 12% en la provincia de Misiones y un mínimo del 2% en Santa Cruz y Tierra del Fuego.