Fueron los intendentes los que dieron a conocer la existencia del veto y también fue uno de ellos, Guillermo Bilardo, quien adelantó que esperaban que los diputados aprobaran en la sesión de ayer el texto alternativo enviado por el Poder Ejecutivo provincial.

El decreto vetando el artículo 2 de la ley de Financiamiento Especial a Municipios, que fuera aprobada en abril por la Cámara de Diputados, y enviando una nueva redacción del mismo, fue incorporado al orden del día, pero al momento de tener que abordar su tratamiento el oficialismo pidió un cuarto intermedio, retirándose todos los diputados del PJ a las oficinas del bloque para mantener un encuentro a puertas cerradas, que duró varios minutos.

A su regreso, tomó la palabra el diputado por Río Gallegos Mauricio Gómez Bull pidiendo que dicho decreto fuera enviado a comisiones, para “un mejor análisis”.

El legislador informó que el decreto sería analizado en dicha comisión. “No contamos con los números necesarios para aprobarlo en este momento”, sostuvo el representante del pueblo de Río Gallegos.

De esta manera, se aprobó el envío a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que por reglamento debe entender en este tipo de decisión. Desde allí se enviarían notas al Ministerio de Economía para contar con los datos necesarios.

Por otra parte, los diputados desecharon el pedido de la UCR de que también se enviara a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, toda vez que lo que se buscaba era contar con los datos presupuestarios que implicaba una medida como esta.

Los dos diputados de la UCR decidieron abstenerse.

Cabe recordar que esta ley fue sancionada a instancias de los intendentes de 12 localidades que buscan asegurarse el envío de fondos de la provincia para el pago de los salarios en cada una de sus comunas.

Pero el texto redactado obligaba a la provincia a multiplicar por doce el mejor monto percibido por las intendencias durante el 2011, cifra que si se toma el mes de diciembre, tiene incorporado el aguinaldo, lo que fue rechazado por el ministro de Economía, ya en la Comisión de Presupuesto, cuando se presentó para hablar de los empréstitos.

Fiel a ese rechazo, el veto del Gobierno se produjo y reemplazó aquel texto por uno alternativo planteando la integración del fondo a repartir con el promedio de lo percibido por los Municipios durante el 2011.

El único intendente que se opuso a esa modificación fue Raúl Cantín, quien aseveró que se discrimina a la capital provincial, porque se ve ampliamente perjudicada en ese reparto. Esta postura fue apoyada ayer por los concejales propios y también de la oposición.

Según pudo saber La Opinión Austral, un grupo de legisladores estaría trabajando en un nuevo texto, diferente a los otros dos, para buscar zanjar un poco la diferencia planteada por Río Gallegos. Pero, legalmente, para que el veto no quede firme los legisladores tienen 30 días para optar sólo entre dos alternativas: insistir en lo que ya estaba sancionado o aceptar la propuesta del Ejecutivo.

En los argumentos establecidos en el decreto de Veto, se señala que la modificación a la norma “se condice con las facultades conferidas al Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Economía y Obras Públicas para reorganizar y redistribuir los fondos presupuestarios, conforme autorización expresa dispuesta en el artículo 10 de la Ley Nº 3.256”.

Asimismo se agrega: “Que de esa manera se optimizan los recursos coparticipables con las comunas y Comisiones de Fomento, en el marco de las políticas tendientes a lograr una conducta de responsabilidad fiscal de acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 2.733, en función de garantizar el equilibrio financiero y presupuestario, sin menoscabar los principios constitucionales vigentes en la materia”.