El Boleto Educativo Gratuito que el gobernador José Manuel de la Sota impulsó desde el mismo momento en que asumió su cargo obliga a los municipios a adherir para lograr el benegifio y luego a aportar fondos para que los estudiantes, docentes y auxiliares puedan viajar sin costos a las aulas.

La polémica disposición tomó por sorpresa a los jefes comunales que desconocían el alcance del decreto firmado por el mandatario.

Según explica el proyecto ingresado ayer a la Unicameral, el fondo para financiar los viajes se integrará por “los montos que el Presupuesto General de la Provincia le asigne; los aportes que en forma extraordinaria establezca el Poder Ejecutivo; las donaciones y legados que se reciban de personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este fondo; los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente a este fondo; los aportes que realicen las municipalidades y comunas en atención a los convenios que suscriban con la autoridad de aplicación”.

Pero además, entre las disposiciones generales se invita “a los municipios, comunas y comunidades regionales a adherir a la presente norma a fin de que garanticen en sus respectivas jurisdicciones la aplicación efectiva de este régimen de provisión del boleto educativo gratuito”.

De este modo, los municipios deberán adherir mediante un convenio con la Secretaría de Transporte de la Provincia para poder contar con el beneficio en su jurisdicción, pero además deberán aportar recursos para garantizar su implementación.

Hasta aquí, ese tramo del financiamiento para el beneficio no había sido apuntado por el Gobierno de la provincia.

Eso podría explicar en parte la diferencia que existía entre las previsiones que tenía la administración de De la Sota y la que trazaban los empresarios del transporte cuando aseguraban que el boleto gratuito costaría más del doble que lo anunciado oficialmente.

En la campaña para gobernador, se había mencionado el aporte de 49 millones de pesos para cubrir a 34 mil beneficiarios. En las últimas semanas la estimación alcanzó los $ 51 millones anuales. Pero desde las cámaras empresarias del transporte se insistía en que al menos serían necesarios 120 millones para financiar el esquema previsto porque los empadronados serían muchos más.

A partir de aquella discusión se conoció que en la puesta en marcha del plan quedarán exceptuados aquellos que vivan a menos de 10 cuadras del establecimiento educativo.

Para la oposición en la Unicameral eso fue leído como un primer recorte que realizó el Gobierno provincial con el fin de acotar la cantidad de beneficiarios.

“Sólo con eso dejó afuera en Capital a todos los universitarios que viven en Nueva Córdoba y estudian en la Nacional. Además, en las escuelas públicas de barrios, muchos viven a menos de esa distancia”, señaló una fuente vinculada al sector.

“Ahora se suma el aporte de los municipios que originalmente tampoco estaba contemplado en el proyecto. Evidentemente que el Gobierno lanzó algo que en el camino se hizo muy grande y comenzó a tomar ciertas precauciones porque fondos no le sobran”, agregó la fuente.

Lo cierto es que ahora aquel Municipio que quiera contar con el beneficio del boleto deberá adherir y aportar fondos, cosa que pocos en la provincia están en condiciones de hacer en este momento.