El gobierno municipal continuará intentando cobrar las sobretasas a las telecomunicaciones a pesar de que dos de las empresas más grandes del rubro, Telecom y Telecom Personal, presentaron una demanda judicial en la que reclaman que las ordenanzas sean declaradas inconstitucionales y que, hasta tanto se defina la cuestión de fondo, una medida cautelar le ordene al Estado frenar todas las actuaciones administrativas que apuntan a imponer los nuevos impuestos.

La causa está en el juzgado civil de sexta nominación, a cargo de Mariana Martínez de Alonso, que deberá definir sobre el reclamo de la telefónica. El planteo judicial apunta a que las sobretasas riocuartenses a la TV por cable, internet y la telefonía fija y celular se contraponen a la ley federal de coparticipación, a la Constitución Provincial y a las leyes relacionadas porque estarían imponiendo una doble tributación sobre el mismo servicio.

En su acción declarativa de certeza, los abogados de Telecom señalan que los servicios alcanzados por los nuevos tributos locales ya están gravados por el IVA, lo que inhabilitaría la intención del gobierno de Juan Jure de aplicar una alícuota que arrancará con un 2,5 por ciento mensual y que llegaría hasta el 10 por ciento en 2013.

Ignacio Fernández Sardina, subsecretario legal y técnico del Municipio, cuestionó la vía que usó la empresa para su planteo judicial, señaló que la jueza debería declararse incompetente y agregó que, además, los argumentos jurídicos son improcedentes para frenar las sobretasas.

“Entendemos que, como lo hizo en su momento el defensor del Pueblo, han optado por una vía equivocada. En este sentido, por las propias presentaciones que ha hecho la empresa ante el Municipio, no existe ningún estado de incertidumbre que el juez deba dilucidar. Ellos tienen una postura muy clara al respecto y el Municipio tiene otra postura muy clara. El juez carece de competencia para resolver esta cuestión: no puede entrar a tratarlo porque la Constitución de Córdoba específicamente se lo prohíbe. Hace meses podría haber entendido el Superior Tribunal, pero ahora no es el momento porque el máximo órgano sólo puede intervenir cuando son acciones declarativas de inconstitucionalidad de carácter preventivo”, indicó Fernández Sardina.

Según el funcionario municipal, la única vía que le quedaba a Telecom era la administrativa y la posterior presentación ante la Justicia pero en el tribunal Contencioso Administrativo. 

Con respecto a la medida cautelar, Fernández Sardina opinó que debería denegarse. “Toda la jurisprudencia, incluso de la Corte Suprema apunta que, por el principio de legitimidad de los actos del Estado, toda ley en principio se presume constitucional, con lo cual al planteo le falta uno de los requisitos necesarios para obtener la cautelar, que es la verosimilitud del derecho”, indicó el subsecretario.

Para el Municipio, la jueza debería declinar la competencia o, directamente, inhibirse de actuar en la cuestión de la inconstitucionalidad.

“Uno de los requisitos para iniciar la acción declarativa de certeza es que exista un estado de duda respecto a quien la plantea. Es lo que la doctrina denomina la duda subjetiva. En este caso la duda subjetiva no aparece porque el propio Telecom ha sostenido que no tiene dudas; cree que las ordenanzas son inconstitucionales”, dijo el subsecretario de Legal y Técnica.

Y agregó: “Además, el reclamo es inexacto. Es importante que recordemos que la ley de coparticipación federal es del año ‘87, que no respeta la modificación de la Constitución del ‘94 y que no respeta las cláusulas transitorias de esa misma Constitución, que le imponían al Congreso un término de 180 días para dictar una nueva ley de coparticipación. Y, lo que es más grave, en esa ley de coparticipación las provincias se obligan en nombre y representación de los municipios, una representación que jamás tuvieron y menos en el caso de la provincia de Córdoba, que en el ‘87 ya estaba con una nueva Constitución, que le reconocía la autonomía a los municipios. Por todo esto, el reclamo de Telecom no corresponde ni desde el punto de vista sustancial, ni desde el punto de vista formal y, menos aún, desde donde pretenden hacer valer sus pretensiones”.

Entre los argumentos que presentó Telecom en contra de las sobretasas, en la denuncia señaló que modificar sus sistemas informáticos para cobrar las sobretasas le generaría un costo adicional de 905 mil pesos. Según Fernández Sardina, la telefónica jamás planteó ese reclamo durante las presentaciones que hizo por vía administrativa. “Nos llama extremadamente la atención. En el caso de Cablevisión, Supercanal, Intercity, jamás han tenido inconvenientes y sólo pidieron una prórroga de un mes. Si lo puede hacer Cablevisión sin el costo excesivo que alega Telecom, nos resulta extraño, curioso y creo que no debe ser así. No creo que necesiten 5.500 horas de trabajo para modificar el sistema. No tiene ningún asidero lógico”, manifestó el funcionario.

Fernández Sardina declaró que el gobierno seguirá adelante con las sobretasas a las telecomunicaciones porque ninguna resolución ha ordenado otro camino. “No estamos encaprichados sino que el Código Tributario nos obliga a continuar adelante. Si no lo hiciéramos, estaríamos cometiendo un delito”.

El planteo

l Las empresas Telecom y Telecom Personal presentaron ante el juzgado civil de sexta nominación una acción declarativa de certeza para que la Justicia erradique el “estado de incertidumbre” que, según estas firmas, existe en cuanto a la aplicación de las sobretasas a la TV por cable, internet y la telefonía fija y celular.

l El planteo judicial sostiene que las ordenanzas son inconstitucionales porque estarían imponiendo una doble tributación; es decir, el Municipio trataría de imponer en Río Cuarto dos tributos que replican el IVA que los servicios de telecomunicaciones pagan a nivel nacional. Además, las empresas alegan que les es imposible adaptar sus sistemas a los nuevos tributos.