Acá está claro que los sectores que más se beneficiaron tienen la postura política de no pagar”, indicaron molestos desde el Palacio ‘Ramírez de Velazco’, para luego ratificar la legalidad de la ordenanza.

La Fiscalía de Estado Municipal de la Capital se sumó al debate sobre la aplicación de la tasa de seguridad e higiene sancionada por el Concejo Deliberante. Se trata del área que debe defender los intereses judiciales de la comuna y desde ese lugar dejó clara la posición de la comuna en este tema.

En ese orden, el fiscal de Estado municipal, Daniel Herrera, justificó la actitud que tiene la municipalidad y cuestionó en muy duros términos la postura del Centro Comercial e Industrial de presentar un recurso de amparo.

“El tema de la tasa no es técnico ni jurídico, es político. Acá está claro que los sectores que más se beneficiaron tienen la postura política de no pagar. En esta nueva concepción que se tiene del Estado, la pregunta es si están dispuestos a integrarse al Estado”, comentó el funcionario municipal.

Herrera -quien fuera miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia- remarcó que “se modificó el mecanismo conceptual de cálculo” de la tasa.

Cuando se lo consultó sobre las críticas que los comerciantes realizan al monto que tendrá la tasa desde el próximo año, el funcionario municipal fue contundente: “Sobre la razonabilidad del monto hay mucha jurisprudencia y para que la tasa sea confiscatoria debe afectar sustancialmente la rentabilidad de la empresas, pero eso tendría que resolverse en un juicio”, comentó.

Sobre este punto, recordó que el intendente Ricardo Quintela sostuvo en varias declaraciones públicas que está dispuesto a debatir los aspectos técnicos de la ordenanza sancionada por el anterior cuerpo de concejales de la Capital.

Luego, el Fiscal de Estado Municipal planteó su rechazo al amparo judicial que tienen presentar los comerciantes e industriales antes el Tribunal Superior de Justicia y lo consideró parte de una estrategia judicial.

“El amparo es el camino más corto para judicializar el tema, porque el tema de fondo es debatir si lo que más tienen colaboran con los que menos tienen”, agregó para luego remarcar que el amparo implicaría un problema de poderes entre el municipio y la Función Judicial.

“Si se hace lugar al amparo se estaría frente al avance de un poder sobre otro, porque se estaría avanzando sobre una ordenanza municipal”, dijo. Finalmente, insistió en reclamar que los empresarios asuman que deben pagar.

“Es una posición política la de no pagar, porque antes había muchos comerciantes que con el anterior sistema tampoco pagaban”, finalizó el funcionario municipal.

La tasa de seguridad e higiene fue sancionada por el anterior cuerpo de concejales, modificando el sistema del gravamen, que ahora tiene en cuenta la facturación.