Cablevisión, la firma del Grupo Clarín que monopoliza el negocio de la televisión por cable en la ciudad, fue a la justicia ordinaria luego de que el intendente Francisco Torroba le cerrara todas los caminos administrativos, y a través de un recurso contencioso-administrativo solicitó la nulidad de la disposición 1695/09 y todos los actos posteriores dictados como consecuencia de ella. Paralelamente -a través de una medida cautelar- requirió también la suspensión temporaria de la norma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

El secretario municipal de Obras y Servicios Públicos, Diego Bosch, dictó el 29 de diciembre la disposición 1695/09, ordenando "el cese inmediato de los trabajados solicitados (...), consistentes en el reemplazo de los tendidos existentes y colocación de nuevo cableado en la ciudad (...) hasta tanto no se dé cabal cumplimiento a las exigencias de la ordenanza 2486/99", referida al régimen aplicable para el otorgamiento de los permisos de uso y ocupación del espacio aéreo y subterráneo del dominio público (instalación y/o uso de postes y colocación de redes o cableados). Fue luego de que el 24 de agosto la Dirección de Obras Públicas le diera a la cablera un permiso de "carácter eminentemente precario" para comenzar con el tendido en el área céntrica. Si llegó la prohibición fue porque Cablevisión no cumplió con uno de los requisitos fijados en la ordenanza: la entrega de la licencia, expedida por un organismo nacional, por la cual está autorizada a prestar el servicio.

Sin fusión.

Pero además, en el medio, el 3 de septiembre del año pasado, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, dictó la resolución 577/09 impidiéndole a Cablevisión absorber, mediante una fusión, a las empresas Multicanal, Pampa TV, Teledigital Cable y otras dos cableras y quedarse con sus licencias. La explicación fue que tenía más licencias que las permitidas por ley. Al darse marcha atrás con la fusión, Cablevisión se quedó sin la licencia, aunque la cuestión aún se discute en la justicia.

Pero la firma privada desoyó la disposición de Bosch y continuó con el tendido de la red sobre las columnas de la Cooperativa Popular de Electricidad. Anexamente presentó dos recursos administrativos, uno de reconsideración y otro jerárquico, que Torroba se los rechazó el 11 de abril. Ese día, Bosch redactó la disposición 368/10 dándole un plazo de 15 días para que, habiendo seguido con el cableado, anulara las conexiones ilegales. Cablevisión respondió con la misma moneda: desoyó la norma.

La contestación de la vista se centró en la medida cautelar, ya que la cuestión de fondo -la nulidad de la disposición 1695/09- se resolverá a largo tiempo. El fundamento central de Cablevisión para pedir la suspensión, de acuerdo al escrito entregado al STJ, fue el doble perjuicio que le causaría la anulación de las conexiones ilegales: a la empresa, porque invirtió 1.500.000 pesos en el nuevo tendido, y a sus 22.000 abonados porque se quedarían sin el servicio.

La Municipalidad, en su defensa, le entregó al Alto Tribunal una cronología de lo sucedido administrativamente desde agosto hasta ahora. Allí explicó claramente porqué se opone a la suspensión de la norma dictada por Bosch, partiendo de la base de la legislación vigente y de los incumplimientos de la demandante. En sus argumentos, la comuna negó que las desconexiones en el área céntrica pudieran dejar sin tevé a todos los abonados, remarcó las facultades que tiene el Departamento Ejecutivo para actuar como lo hizo, mencionó la resolución del Comfer y otra del Ministerio de Economía de la Nación sobre el mismo tema, e incorporó las disposiciones y resoluciones dictadas al respecto.