La medida, que se basa en las atribuciones que le otorgan al intendente los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el contrato de concesión del servicio eléctrico, podría entrar en vigencia en una semana, una vez cumplimentado todos los pasos administrativos necesarios, y se implementaría, en principio, por cuatro meses (120 días).

El secretario de Gobierno, Pablo Giménez, el apoderado municipal Alan Fortune y dos asesores académicos de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Jorge González Novillo (abogado) y Alejandro Burgos (contador) fueron designados como interventores.

El intendente tomó la disposición -una medida que se venía barajando desde hace tiempo- dos días hábiles después de haberse aprobado el informe de la Comisión Investigadora del Concejo Deliberante sobre el documento elevado al Ejecutivo comunal por el OCEBA (Órgano de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires) en torno a reiterados incumplimientos de la CEZ de distintas obligaciones contractuales y se aplica, según se informó ayer, a los fines de garantizar el control municipal sobre el cumplimiento de las obligaciones de la concesionaria.

“PRIORIZAMOS

EL SERVICIO”

“Estamos priorizando el servicio, queremos que se mejore y que sea más transparente, no se puede si no tenemos información”, dijo Cáffaro enfáticamente, “estamos hablando de adquirir la información que no hemos podido obtener en estos cuatro años y medio”. Y agregó, “no sólo el Ejecutivo municipal no tiene información de la CEZ, no la tiene nadie, por eso la información va a ser de uso público y la vamos a someter a consideración con los distintos mecanismos de participación popular que tiene la democracia”.

El mandatario municipal sostuvo que la medida surge como síntesis de la “falta de cooperación” y de “transparencia” de la dirigencia de la entidad eléctrica para brindar elementos que posibiliten una evaluación “real y efectiva”, por parte de la Municipalidad como poder concedente, respecto al cumplimiento del contrato y la calidad en la prestación eléctrica.

“No vamos en contra de nadie, simplemente queremos lo que nos corresponde, que se nos de la información que nunca nos la hicieron llegar”, expresó Cáffaro. “Somos muy respetuosos de la institución y por eso esto apunta únicamente al vínculo que mantenemos sobre el servicio eléctrico del que se está venciendo el primer plazo de 15 años y como ciudadano, en primer lugar, y como intendente quiero saber”, añadió.

Una vez transcurrido el plazo para la intervención, el equipo a cargo de la misión presentará un informe al intendente quien lo elevará al Concejo Deliberante y generará distintas herramientas que permitan instrumentar mecanismos de participación ciudadana para que toda la comunidad debata sobre “las consecuencias e implicancias del resultado del informe”.

“Esperamos colaboración”

Si bien colaboración es lo que el Ejecutivo municipal dice que nunca hubo por parte de la CEZ, Pablo Giménez, uno de los funcionarios que estarán a cargo de la intervención técnico administrativa, dijo que no esperan otra cosa en esta oportunidad.

“Esperamos que se tome la responsabilidad acorde a las circunstancias”, sostuvo el secretario Jefe de Gabinete, “no esperamos otra cosa más que colaboración, lamentablemente tuvimos que apelar a este instrumento dada la falta de colaboración anterior pero creemos, que con la fuerza de un decreto a referéndum por ordenanza municipal, esta vez se cumpla”.

Respecto a los puntos más relevantes sobre los que se basará el trabajo de los interventores designados, Giménez dijo que “vamos a pedir toda la información que no se tuvo en estos cuatro años y medio e inclusive de gestiones anteriores, se va a pedir todo lo que tiene que ver con el contrato de concesión eléctrica, financiero, contable, legal, todos los aspectos que tengan que ver con eso; no estamos haciendo una intervención operativa de la Cooperativa, estamos revisando el contrato en la forma en la que se presta la concesión, no vamos a hacer nada operativo porque no nos interesa, lo que nos interesa es que quien lo hace, lo haga bien y que nos diga cómo lo hace”.

Delegados municipales

Por primera vez desde que ocurriera el hecho, el Ejecutivo se refirió públicamente a las amenazas que sufrieran los delegados municipales dentro del Consejo de Administración de la CEZ, tras haber iniciado funciones en enero de este año y en el marco de las investigaciones que comenzaron tras conocerse el informe del OCEBA (Órgano de Control Eléctrico de Buenos Aires).

El secretario de Gobierno, Ariel Ríos, respaldo la labor de los delegados, cuestionó a las autoridades del Consejo de Administración de la CEZ por permitir este tipo de situaciones en el seno de una institución como esa y expresó su deseo de que, con la intervención técnica administrativa dispuesta ayer por el intendente Osvaldo Cáffaro, no se repitan.

“Lamentablemente lo que se ha vivido tiempo atrás es desagradable y esperamos que no se vuelva a repetir”, manifestó Ríos sobre las amenazas que fueran denunciadas ante la fiscalía descentralizada de Zárate. “Esperamos que la intervención se desarrolle en un marco de responsabilidad y equilibrio”, agregó el funcionario municipal, “después de estos antecedentes de amenazas, cortes de luz, agresiones a trabajadores, los dirigentes de la CEZ tienen unas situación bañada de aprietes que esperamos no vuelvan a suceder porque si así ocurriera haremos responsable directo al presidente del Consejo de Administración”.

Por su parte, los delegados hicieron referencia a las amenazas. “Las reuniones eran una puesta en escena donde no se aportaba nada en cuanto al debate para la toma de decisiones, el estado económico financiero, situación de las obras, jamás en una reunión del Consejo de Administración en nuestra presencia se abordó un tema importante y nuestra insistencia al respecto molestó a algún consejero y se produjo la situación que hemos denunciado”, expresó el delegado José Pérez Ponsa.