El Concejo Deliberante capitalino, en lo que hasta el momento sería la penúltima sesión del año, homologó en la jornada de ayer la adhesión del municipio a la ley provincial que determina la denominada emergencia económica, a través de la cual se apunta a establecer la inembargabilidad de los recursos públicos por el lapso de dos años, frente a pleitos judiciales que hayan obtenido fallos adversos al estado municipal.

Como era de esperar, las contrariedades surgieron entre las fuerzas oficialistas y opositoras, pues, mientras las primeras sostuvieron que la iniciativa tiene como objeto otorgar previsibilidad a la gestión en materia financiera, pese al crecimiento económico de los últimos tiempos, las visiones refractarias adujeron la incongruencia de sostener una norma donde el Estado priva a sus acreedores de la efectivización de los pasivos contraídos.

"Algo debe ir mal en los municipios para que nuevamente estemos en emergencia, lo que quiere decir que hay ciertas falencias o crisis que se manifiestan y pueden caer con total virulencia a todos los sectores y factores de la provincia", estimó José Luis Avignone (UCR).

Asimismo, cuestionó la actitud en la que incurrirá el municipio en el manejo de sus cuentas en la relación asumida con terceros, al indicar que "no podemos postergar a quienes acudieron a la justicia en pos de lograr reivindicaciones para con sus derechos cercenados. Esto es fomentar la industria del juicio por parte del propio Estado", añadió.

En esta misma línea se manifestó el representante del PRO en el órgano deliberativo capitalino, Roberto Ávila, para quien, desde el Ejecutivo Municipal, se debe contribuir a proyectar una imagen ejemplificadora al momento de honrar sus deudas. "Tiene la obligación de administrar los pasivos afectados, de lo contrario sería poco serio exigirle a un particular que cumpla con sus responsabilidad económicas, mientras nosotros (la Municipalidad) no lo estamos haciendo", refirió.

Desde la vereda opuesta, básicamente las defensas de la norma planteada se focalizaron en destacar el desarrollo eficiente de la administración amayista a lo largo de los últimos años bajo los cuales se instrumentó la emergencia económica.

"El corazón de esta decisión es para poder continuar con la realización de obras y pagar a término la planilla salarial. Además, el nivel de endeudamiento es menos de la mitad del Presupuesto (cuyo monto para este ejercicio asciende a 887 millones de pesos), cuando antes eran tres o cuatro partidas presupuestarias juntas", indicó Ignacio Golobisky.

En tanto, el también justicialista Germán Alfaro, destacó que si bien se registró una mejora en la situación financiera de la Capital, este proyecto "es útil para tomar las previsiones necesarias, atento al volátil contexto internacional (crisis en Europa)". Señaló además que deben sustanciarse prioridades para afrontar erogaciones monetarias y caracterizó "que nos vamos desendeudando, por eso el pasivo municipal es tan sólo con el estado provincial", concluyó Alfaro.

La norma fue aprobada por la bancada del PJ a pleno más el voto del republicano Claudio Viña.