La semana pasada el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) convalidó el nuevo “impuesto al agua” impulsado por el intendente Ramón Mestre y aprobado por el Concejo Deliberante a fines del año pasado. La inclusión de la tasa municipal del 10% en la facturación del servicio de agua para la ciudad Capital llegará en la próxima boleta de Aguas Cordobesa. Fue creado como “Contribución para la Financiación del Desarrollo de la Infraestructura Sanitaria y Cloacal”.

Sin embargo, justamente uno de los principales cuestionamientos que generó el rechazo de la oposición a ese nuevo gravamen, fue la falta de precisión del Ejecutivo respecto al plan de obra al que será destinada esa recaudación. Desde el municipio estimaron que podrían ser unos 24 millones de pesos al año.

Consultado sobre ese punto, el secretario de Desarrollo Urbano municipal, Mariano de Juan, informó que el municipio espera una respuesta del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) sobre distintas obras que están paralizadas, para terminar de delinear el programa municipal.

El funcionario explicó que el ente nacional tiene licitadas unas 25 obras de cloacas para la ciudad de Córdoba, de las cuales sólo se realizaron seis: “Estamos esperando novedades al respecto para terminar de definir, en algunos casos se están renegociando los contratos. Si no, esas obras pendientes podrían incluirse dentro de este nuevo programa”. No obstante, De Juan dijo que ya se gestionó ante la Nación la agilización de los trabajos cloacales y de saneamiento, y que “lo ideal sería que el Enohsa pueda avanzar sobre esas obras y nosotros sobre otras para cubrir así las necesidades de toda la ciudad”.

Mientras tanto, el Gobierno municipal trabaja en operativos de desobstrucciones cloacales a través de la Dirección de Redes Sanitarias y Gas. Según se informó, el fin de semana las cuadrillas trabajaron en Don Bosco, Güemes, José Hernández, Alberdi, Alejandro Carbó y Villa Páez.

Cabe recordar que sobre el nuevo gravamen, el concejal Esteban Dómina ya advirtió que iría a la Justicia si es que el municipio “sigue adelante con la decisión de cobrar ese impuesto porque es inconstitucional, representa una doble imposición”.