Se trata del centro de rehabilitación en el que, denuncian, maltrataban a 80 internos. El jueves por la tarde, familiares ingresaron al lugar y liberaron a los pacientes. El lugar estaba tramitando su habilitación. La Comuna apuntó contra la Provincia.
De hecho la asesora legal de la secretaría de Salud municipal, Vilma Carrillo, reconoció que el lugar no contaba con habilitación, y que la autorización para operar corresponde a la órbita de la Provincia, y no del Municipio.
En diálogo con el programa “La Mañana de Resumen” de FM Del Sol (91.5), la abogada aseguró que “esta gente (por las autoridades de Volviendo a la Esencia) recién estaba haciendo el trámite para la habilitación en el ministerio de Salud provincial”.
Al mismo tiempo desligó al Municipio de cualquier responsabilidad porque “las habilitaciones para funcionar las da la Provincia, a través de la dirección de Fiscalización Sanitaria del Departamento de Establecimientos Médicos del ministerio de Salud, y los controles los hace la subsecretaría de Adicciones”.
“La parte que corresponde al Municipio es otorgar el uso conforme del suelo y que se presenten los planos de obra y todo lo correspondiente con el edificio”, aclaró Carrillo, quien dio a entender que el área de Salud de Pilar no tiene ingerencia alguna en este tipo de emprendimientos privados.
Incluso afirmó que “la secretaría de Salud se hizo presente para saber cómo colaborar con los pacientes para su derivación y contención”, asegurando que “los internos fueron derivados a centros de salud públicos de zonas cercanas”.
No obstante sobre el final de la charla reconoció que la cartera sanitaria de Pilar “lleva el control de los centros debidamente habilitados, donde se nos permite ingresar e inspeccionar”. “Volviendo a Esencia no es un caso testigo, porque en general todos tienen la documentación en regla y funcionan adecuadamente”, concluyó Carrillo.
La historia
El caso sorprendió y aterró a la localidad de Del Viso en la tarde del jueves cuando familiares de internos de un centro de rehabilitación de adicciones denunciaron maltratos, abusos y pésimas condiciones en el establecimiento donde se alojaban cerca de 80 personas para recuperarse del consumo de drogas.
El lugar de tratamiento tiene su sede en el kilómetro 41,5 de la Ruta 8. Allí se alojaban drogadependientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. El hospedaje les costaba a las familias entre 8 mil y 13 mil pesos mensuales.
En la tarde del jueves, un grupo de padres se acercó al lugar para denunciar las condiciones en las que vivían sus hijos y familiares. En una acción que mereció incluso intervención policial, liberaron a todos los internos, luego que se denunciara la precariedad del sitio y el maltrato de los coordinadores.
Más tarde algunos internos se animaron a contar detalles de su tortuosa experiencia: Aseguraron que los mantenían drogados, no los dejaban contactarse con sus familiares y hasta un hombre de 50 años falleció por falta de atención médica.
Tras la intervención de las familias, la Policía Científica se hizo presente en el lugar y realizó el allanamiento correspondiente. Asimismo, fue demorado el supuesto director del centro, Cristian Seoane.
En principio, el establecimiento quedó clausurado y los pacientes fueron derivados a centros hospitalarios cercanos. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1, que encabeza Washington Palacios.
Comentá la nota