Apuntó también a la Corriente Clasista y Combativa. Aportará pruebas a la Justicia “en defensa de los derechos colectivos de los vecinos de la ciudad”. Apoya el desalojo, pero no de manera violenta.
La Municipalidad denunció penalmente la usurpación de las viviendas de Santa Rita II y Las Delicias. “No se debe permitir ni legitimar situaciones como ésta. La usurpación constituye un delito asimilable a un robo de viviendas, que son de todos porque son patrimonio del Estado.
Colateralmente, conlleva un daño a la salud, a la seguridad pública, al ambiente y al patrimonio de la ciudad, por lo cual tenemos la legitimación para presentarnos en esta causa judicial”, explicó la secretaria de Gobierno, Adriana Molina, en conferencia de prensa.
El municipio actúa en defensa de los derechos colectivos e intereses difusos. “Hay una demanda de salud y de seguridad no sólo para quienes están usurpando esas viviendas, sino para todo el ámbito que rodea a estos barrios”, indicó la funcionaria.
En este marco, el secretario general municipal, Carlos Pereira, agregó: “Vamos a la Justicia en defensa de los derechos colectivos de los vecinos de la ciudad, pero también de los vecinos de esos barrios. Hace días que muchas personas no abandonan sus casas por temor a que sus viviendas también sean usurpadas”.
En este punto aclaró: “Si bien hay algunos grupos familiares que tienen necesidades habitacionales, ni siquiera se trata de la mayoría de quienes hoy están usurpando. Están actuando grupos organizados, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que ha tenido una actitud extorsionadora y chantajista hacia el Estado: protagonizó los cortes en la Ruta 168 y ahora esta apropiación de viviendas”.
Molina apoyó esta postura: “En 24 ó 36 horas se usurparon 184 y 84 viviendas del Estado en dos barrios. Sin dudas existe algún tipo de organización, de la que podemos tener algún dato, pero creemos que la investigación le corresponde a la Justicia”.
Pereira también denunció la participación de punteros políticos vinculados con el peronismo. “No decimos que sean enviados por los propios partidos, pero es mano de obra desocupada, que como este año no hay campaña electoral no saben qué hacer y se dedican a todo tipo de actividades delictivas”.
“Delito y negocios”
La Municipalidad aportará datos a la Justicia. “Tenemos patentes de vehículos que han estado entrando y saliendo del lugar, y datos de los personajes que están participando de estas actividades”, adelantó Pereira.
Asimismo, sacó a la luz los intereses que movilizaron esta situación. “Detrás de esta aparente necesidad, están operando muchos intereses: hemos constatado intentos de venta de estas viviendas usurpadas por 1.500-2.000 pesos, el desmantelamiento y la venta de estos materiales.
No hay una intención de satisfacer una necesidad habitacional, sino que hay actividad delictiva y negocios. Algunos grupos familiares están siendo llevados por estos dirigentes para encubrir estos hechos”.
El gobierno municipal rechazó la usurpación como forma de acceso a una vivienda. “Hay más de 4.000 familias que tienen derecho a una vivienda digna y debemos acompañar a las personas que hacen las cosas bien”, sostuvo Molina. Además, consideró que el predio debe ser desalojado. Consultado acerca de la modalidad, Pereira respondió: “Nadie va a promover situaciones de violencia, ni atentar contra la seguridad física de nadie. Es importante que la Justicia se expida acerca de la legalidad o ilegalidad de lo que estamos reclamando. A partir de ahí, hay que llevar adelante un trabajo para sacar a estas familias, reubicarlas, llevarlas a donde corresponda”.
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