Las discrepancias entre municipio-inspectores y remiseros-inspectores por el tema de los controles a los verdes, sumó ayer un nuevo ingrediente a la polémica. Y es que la Municipalidad de Córdoba denunció penalmente al sector de los trabajadores nucleados en el gremio que conduce Franco Saillén por interrumpir el servicio en distintas agencias y por amenazas a algunos funcionarios.

En diálogo con Cadena 3, el director de Transporte de la Ciudad, César Ferreyra, dijo: «Hay una sucesión de hechos que se vienen produciendo a partir de actividades que, sobre todo, se desarrollan en la vía pública, y que impiden de manera violenta, la normal ejecución de los controles que tienen a cargo los inspectores”.

Mientras tanto, los trabajadores de Control del Transporte municipal siguen de asamblea realizando sólo tareas administrativas en reclamo de una «clara política de control» que les brinde instrucciones precisas respecto de cómo llevar a cabo los procedimientos en las calles y les garantice mayor seguridad.

El delgado del área Rodolfo Castro dijo ayer que los funcionarios del área habían “elaborado una especie de instructivo que iba en contra de la ordenanza actual y que fue entregado antes a los remiseros que a los propios inspectores”. Y luego agregó: “Palabras más palabras menos, ahí quedaba claro que en los controles no debíamos pedir la orden de viaje, entonces no podemos cumplir con nuestro deber”. Justamente eso es lo que, a su vez, reclamaban los remiseros cuando la semana pasada realizaron una movilización frente al Palacio 6 de Julio.

El secretario general del Sindicato de Conductores de Remises Córdoba y Afines (Sicrecya), Franco Saillén, denunció “atropellos por parte de los inspectores de transporte”.

Más asambleas

Por otro lado, trabajadores del servicio de emergencia municipal del 107 siguen de asamblea en reclamo de insumos y mantenimiento de la flota.

Los delegados insisten con que

todavía no obtuvieron respuesta a ninguno de sus reclamos y aseguran que esta administración no puso un solo peso en la repartición”, por lo que temen “que existan intenciones de privatizar o tercerizar el servicio”. Argumento que fue desmentido desde el municipio donde aclararon que “no hay voluntad política de privatizar el servicio”. Además, desde la Dirección de Emergencias Médicas Municipal 107 recordaron que al asumir, la gestión del intendente Ramón Mestre encontró el servicio “absolutamente disgregado, sin sede propia, con recursos humanos dependiendo de otras áreas, con deudas al personal de muchos meses, con la mayoría de las ambulancias en pésimo estado, sin equipamiento tecnológico, sin vestimenta”.