La basura no para de darle malas noticias al gobierno municipal. Después de la polémica por la cesión del servicio de recolección a la empresa privada Cotreco, ahora es la Justicia la que le genera un nuevo dolor de cabeza. Por un antiguo litigio judicial, que se inició cuando Alberto Cantero era intendente, el Tribunal Superior determinó que el Estado local deberá devolver las 80 hectáreas que le compró al productor Roberto Calvo en 2001, justo cuando el país presenciaba la muerte de la convertibilidad. Allí, en ese campo, funciona hoy el enterramiento sanitario.

El máximo tribunal provincial ya había fallado en contra de la Municipalidad. Fue el 3 de agosto de 2010, cuando la condenó a devolverle a Calvo las 80 hectáreas pero lo salvó de pagarle la indemnización que había definido la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación.

Lo curioso es que, a pesar de que el productor fue el perjudicado, fue el Municipio el que le inició la demanda a Calvo. El 18 de octubre de 2002, Hugo Abrahan, que entonces era fiscal municipal y que actualmente es el presidente del Partido Justicialista, le inició una demanda a Calvo a pesar de que la Municipalidad había intentado pagar a una cotización de 1 a 1 en relación con el dólar a pesar de que la convertibilidad ya se había caído en el país.

En el Municipio se lamentan por la pérdida económica que significará, por un lado, la devolución de 80 hectáreas valuadas en más de 12 mil dólares cada una. Pero, además, porque deberá devolver el campo en las mismas condiciones en que las recibió y, por lo tanto, deberá trasladar el enterramiento de basura y reacondicionar las hectáreas que ya ha usado.

La historia arrancó en 2001. Mientras la convertibilidad se caía, el gobierno de Cantero inició las negociaciones para comprarle 100 hectáreas a Calvo. Ese campo ubicado camino a La Gilda era, según la Comisión Regional para el Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos, el mejor lugar para construir la nueva planta depuradora de efluentes cloacales que tendría la ciudad.

Calvo se negó a vender pero, cuando lo amenazaron con la expropiación, terminó cediendo. El precio acordado, cuando la cotización de dólar aún era 1 a 1, fue de 400 mil pesos/dólares.

El Municipio canceló 80 mil pesos/dólares por las primeras 20 hectáreas y ese tramo del campo pasó a manos del Estado sin discusión.

Los inconvenientes empezaron con las restantes 80 hectáreas. Esa porción formaba parte de un campo de 267 hectáreas que no estaba subdividido. Por lo tanto, debían hacerse los trámites para que el Municipio pudiera escriturar esas tierras a su nombre.

En el acuerdo original se estableció que los 320 mil dólares que no habían sido abonados debían cancelarse de la siguiente forma: 70 mil dólares el 23 de octubre de 2011 y los restantes 266.666 (un interés del 8 por ciento sobre los 250 mil dólares que faltaban) a los 10 meses de concretada la venta. A más tardar, el 23 de agosto de 2002 Calvo debía tener toda la plata en su poder.

Pero en esos diez meses primero se desintegró la convertibilidad peso-dólar y después cayó el gobierno de Fernando De la Rúa y el país entró en caos económico e institucional. El Municipio apenas tenía recursos para funcionar y no sucumbir ante el desastre. Primero, no le pagó a Calvo los 266 mil pesos que restaban, por lo cual el productor intimó al Estado para que a más tardar en 15 días cancelara la deuda. El día en que se vencía el plazo, Abrahan concurrió al estudio de Daniel Pera Cecchi, abogado de la familia Calvo, con un cheque de 266 mil pesos. Pero la cifra fue rechazada porque, según el productor y su asesor letrado, ya era insuficiente porque el uno a uno ya no existía y las condiciones se habían alterado. Exigieron una actualización del valor.

Pero, entonces, fue Abrahan el que le inició una demanda a Calvo para que cumpliera el contrato en sus términos originales. Desde ese momento, la pelea se dio en los Tribunales.

Hubo un fallo inicial de la jueza Rosana De Souza, que se conoció en 2005 y que le ordenó al Municipio pagar un paso más el 65 por ciento de la diferencia entre el uno a uno y la cotización del dólar en el mercado.

El segundo fallo fue peor para el Estado. La Cámara de Apelaciones determinó en diciembre de 2006 que Calvo debía devolver las sumas cobradas por las 80 hectáreas y la Municipalidad tenía que reintegrar esa porción de terreno en las mismas condiciones en que las recibió. Además, la Justicia determinó que el productor debía cobrar una indemnización por todo el tiempo que no pudo trabajar su campo.

El 3 de agosto del año pasado, el Tribunal Superior confirmó la sentencia aunque eliminó la indemnización. Ante esa decisión, la Fiscalía, ahora a cargo de Hernán Di Santo, presentó un recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte. Pero fue rechazado. Ahora, el gobierno decidió no intentar una nueva ofensiva. Las tierras fueron perdidas definitivamente y deberá iniciarse el proceso de devolución.