Luego del silencio técnico y político que mantuvo el gobierno de Graciela Rosso en los últimos meses sobre la problemática generada por Curtarsa, el municipio presentará en Provincia un informe donde cuestiona la decisión del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de levantar la clausura que pesaba sobre la curtiembre. "El funcionamiento de la empresa deviene totalmente irregular y violatorio de la norma", expresa una de las conclusiones de un trabajo elaborado por un asesor externo al Departamento Ejecutivo en cuestiones ambientales.

La sanción a la empresa finalizó luego de la presentación de un cronograma de readecuación con el propósito de mitigar las emanaciones de olores contaminantes que desde hace años afectan a la población de Jáuregui. En ese acuerdo alcanzado entre Curtarsa y el OPDS, se desestimaba la utilización del polémico horno para el secado de los residuos semisólidos que genera el proceso industrial. No obstante, la empresa insiste en tratar los barros en la propia planta. Así se propuso un sistema de "flujos de aire caliente".

En el informe confeccionado por el gobierno municipal se plantea la inviabilidad ambiental y sanitaria de la alternativa, al recordar que se trata de residuos especiales que deben ser tratados en un lugar habilitado para tal fin, y recibir una consiguiente disposición final.

El plan de inversión de Curtarsa se divide en tres etapas. En la primera, se plantea el tratamiento de los desechos semisólidos. Para el municipio, esa instancia representa una incongruencia con las leyes vigentes porque el OPDS obliga a la empresa a iniciar un procedimiento de tratamiento de residuos especiales en sus instalaciones cuando la curtiembre no tiene la autorización legal para eso, ni cuenta con las certificaciones correspondientes.

La segunda instancia del acuerdo plantea "la construcción de una nave industrial para el acopio de barros deshidratados, a los fines de evitar que el barro permanezca a cielo abierto, lo que genera, en casos de condiciones climáticas adversas, se produzca su descomposición y sea fuente de emanación de olores". Ante eso, el Departamento Ejecutivo marca que el armado de una sala de almacenamiento debe estar encuadrada en las normativas vigentes, tanto en cuanto a las condiciones como al tiempo máximo permitido de acopio. En ese sentido, el informe de la Municipalidad recuerda que Curtarsa no puede excusarse anteponiendo las complicaciones de recepción de las empresas dedicas al tratamiento de los barros, para incumplir los plazos fijados por ley.

Por último, en el acta-acuerdo que firmó con los representantes provinciales, la curtiembre se comprometía a construir "una unidad de oxigenación y una precámara de mezcla y floculación adicionales a la planta de tratamiento de efluentes líquidos, estimándose su conclusión en un plazo de ocho meses".

Para el municipio, ese debería ser el primer paso, ya que la empresa "no puede operar un proceso del cual sabe que genera emanaciones que están prohibidas por la ley". Además, según el informe, algunos de los compuestos químicos presentes en los barros resultan "carcinogénicos, neurotóxicos, causantes de enfermedades dérmicas, irritantes a la vista y otros". Por eso, "en ningún caso estos barros deberían permanecer en la empresa expuestos a la atmósfera, pero no puede permitirse su almacenamiento, tratándose de una empresa cuya producción diaria de barros fluctúa entre 20 y 40 toneladas". Lejos de la estrategia convalidada por el OPDS, el trabajo elaborado por el Departamento Ejecutivo expresa que "la empresa debe arbitrar los medios para el inmediato retiro, bajo condiciones de seguridad que fija la ley en el caso de los residuos especiales".

Por otra parte, se recuerda que la legislación ambiental establece que "toda obra susceptible de causar impacto ambiental debe sustanciar su procedimiento administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)". Ante eso, "no se comprende cómo se intima a la empresa a realizar obras sin formular la reserva del cumplimiento de la ley ambiental. Más agrave aún, cuando la propia empresa alerta sobre la sobreveniencia fatal de impactos ambientales a causa de las obras".

La Asamblea se movilizará a La Plata la semana que viene

"Desconocemos al OPDS como interlocutor válido"

Tal como adelantó este medio, la Asamblea de Vecinos y Organizaciones del Partido de Luján se movilizará a las oficinas que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (ODPS) tiene en La Plata. La protesta se concretará la próxima semana y tendrá como eje denunciar la "histórica complicidad" entre esa dependencia y la empresa Curtarsa.

En un comunicado de prensa, la Asamblea recuerda que "con un compromiso de palabra de Curtarsa afirmando que va a iniciar una serie de reformas para solucionar el tema de los erróneamente denominados ‘malos olores’, el OPDS decidió levantar la clausura a la curtiembre".

"¿Que fue lo que detectaron los monitoreos del OPDS? Ácido sulfhídrico en valores mucho mayores a los permitidos por la ley, un elemento altamente contaminante, una sustancia corrosiva que en altas concentraciones puede provocar la muerte por asfixia. No debe olvidarse que en 1999, un obrero de la empresa murió como consecuencia de una emanación de ácido sulfhídrico en un túnel donde desarrollaba tareas de limpieza sin ningún tipo de elemento de seguridad", expresan los asambleístas.

En el mismo sentido, "según el acta firmada por el OPDS y Curtarsa, los cambios tendientes a resolver este problema demorarán hasta ocho meses e implicarán mayores ruidos y olores". Además, la Asamblea marca como "incoherente" el hecho de que "la empresa no ha presentado ningún informe aún que explicite técnicamente cuáles son las reformas que piensa implementar para solucionar el problema". Como parte de la larga historia del conflicto, en el comunicado se explicita que durante los últimos 15 años Curtarsa ha realizado reiterados anuncios sobre presuntas obras que iban a solucionar el problema generado por las emanaciones de ácido sulfhídrico. Sin embargo, "en todo este tiempo la realidad generada por los contaminantes efluentes gaseosos de Curtarsa se mantuvo igual".

Como síntesis de las argumentaciones vertidas, en el texto se afirma que "esta vergonzosa situación ratifica que las actuales autoridades de este organismo gubernamental no hacen más que repetir la histórica complicidad existente entre Curtarsa y el OPDS". Por eso, la Asamblea desconoce al OPDS "como interlocutor válido para solucionar este problema".

La movilización de la próxima semana también incluirá el propósito de "instalar este conflicto más allá de los límites de Luján, iniciando gestiones con funcionarios gubernamentales de mayor peso y responsabilidad en el ámbito provincial".