En 2011, el municipio de Bariloche recibió unos 8,4 millones de pesos, pero se derivaron 820 mil a destinos no especificados por la norma. Ahora, el Ejecutivo busca garantizar el “control político y el seguimiento técnico” de los fondos.

El Gobierno municipal creó por Resolución -Nº 477- la Unidad Ejecutora del Fondo Federal Sojero, en el ámbito de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y designó al frente al titular de ese organismo, Roberto Bartorelli.

La norma firmada este miércoles por Goye, a la que tuvo acceso ANB, intenta regularizar el manejo de recursos transferidos por el gobierno Nacional, ya que en 2011, durante la gestión del ex intendente Marcelo Cascón, se pagaron 820 mil pesos con un destino ajeno a la normativa que creó el Fondo. Esa situación, informada por este medio, derivó en la elaboración de la Resolución que rubricó el jefe comunal.

El Fondo fue creado por el Ejecutivo nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 206 de 2009 “con la finalidad de financiar en Provincias y Municipios, obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de viviendas o vial, en ámbitos urbanos y/o rurales”, según la norma.

En tanto, estaba pendiente en la órbita municipal la creación de “su propio procedimiento administrativo a los efectos de poder acreditar en legal forma la ejecución de las remesas correspondientes al Fondo Federal Solidario”.

La Resolución municipal puntualiza el tipo de obras al que se destinarán los recursos, y considera que “el modelo de Unidad Ejecutora resulta exitoso de gestión utilizado por modernas administraciones, herramientas que permite el control político y el seguimiento técnico” del manejo de los fondos.

“La importancia del control de la obra objeto del Convenio se fundamenta en la necesidad de una eficiente respuesta a los requerimiento sociales que le son demandados al Municipio”, se argumentó en los fundamentos de la nueva norma, que a su vez considera “necesario implementar en forma ordenada y sistemática procedimientos de control que posibiliten obtener elementos de juicio válidos y suficientes para determinar la legitimidad y razonabilidad de las operaciones efectuadas para la ejecución de la obra citada”