A través de la firma de un convenio marco de asistencia y cooperación entre el Ejecutivo y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, la comuna podrá controlar todos los aspectos vinculados al uso de agroquímicos en la ciudad. Así, los agentes municipales tendrán las mismas facultades que los inspectores provinciales para intervenir de oficio en caso de que se detecten irregularidades. Básicamente, el objeto del acuerdo es “desarrollar en forma conjunta pautas que permitan optimizar la gestión y control de las personas y actividades que se encuentran alcanzadas por la ley 10699”, a fin de “dar respuesta eficaz a las necesidades actuales que exigen las prácticas de utilización de agroquímicos”.

Si bien hace poco más de un mes se reglamentó una ordenanza que limita las fumigaciones en zonas urbanas, la legislación local no contempla en forma amplia a la temática. Una vez que se rubrique el acuerdo –podría demorar entre 30 y 40 días- el Municipio podrá ejercer poder de policía en la materia, lo que permitirá el ingreso a los campos para realizar actas de constatación y toma de muestras, entre otras cosas. En la actualidad, esta labor está reservada únicamente para inspectores provinciales dependientes de la Dirección de Fiscalización Vegetal y sólo hay una profesional que cubre 9 partidos del sudeste bonaerense.

Durante la última sesión, el Concejo Deliberante por unanimidad autorizó al Gobierno comunal a llevar adelante el convenio con la dependencia provincial. Resta elaborar los términos del acuerdo que, una vez homologado, entrará en vigencia.

En diálogo con El Atlántico, el director de Desarrollo Productivo de la municipalidad, Jorge Gambale, explicó que ésta es “la herramienta necesaria para acceder al campo”.

Vale destacar que la ley provincial de agroquímicos nº 10699 prevé en uno de sus artículos la celebración de convenios con los distintos municipios “para que los agentes municipales tengan las facultades que tiene el inspector provincial”, según especificó el funcionario. Además, una resolución del 11 de agosto del Defensor del Pueblo de la Provincia bregó por que todos los Municipios adopten esta medida y garanticen los medios para regular el uso de agroquímicos.

Al equiparar las facultades de los agentes intervinientes, el Municipio podrá “ingresar, constatar y tomar muestras”, entre otros puntos, ya que la ordenanza local “no da ese poder de policía”, de acuerdo a Gambale.

En tanto, el titular de la dirección de Desarrollo Productivo consideró que la ley provincial “es muy completa” y constituye la “la herramienta ideal” para abordar el tema de los agroquímicos, que “es mucho más extenso que solamente la acción de fumigar, como contempla nuestra ordenanza”.

En esta línea, señaló que la normativa local “no tiene en cuenta un montón de cosas que son mucho más peligrosas para la salud pública, el medioambiente, como el transporte, acopio y qué se hace con los desechos”.

Por otra parte, “la legislación bonaerense también exige que todos los productores tengan un profesional matriculado que sea el responsable de recetar qué producto, en qué dosis y en qué cultivo se aplica, con lo cual las responsabilidades cambian”, remarcó el funcionario.

Estas cuestiones contempladas en la normativa son difíciles de controlar en la práctica debido a la falta de personal.

“La intención del Municipio es hacer este convenio para poder ejercer el poder de policía en todos los aspectos que tienen que ver con agroquímicos, inclusive en exigirle al productor que tenga un profesional matriculado”, sentenció Gambale, quien agregó: “Es fundamental regular, capacitar y controlar porque si hay inconvenientes es porque se están haciendo las cosas mal”.

LIMITACIÓN EN LAS FUMIGACIONES

La ordenanza que prohíbe la utilización de cualquier plaguicida de síntesis en un radio de mil metros de las zonas pobladas fue sancionada en el año 2008. Sin embargo, recién fue reglamentada el 4 de agosto del corriente.

Si bien la misma aún no fue publicada en el boletín oficial, Gambale aseguró que la normativa se encuentra en vigencia y que ya se han recibido denuncias. Además, la unidad ejecutora formada por distintas áreas del Municipio –Salud, Medio Ambiente y Producción- ya comenzó a realizar reuniones periódicas a las que fueron invitados los sectores intervinientes, como ONG’s, ambientalistas, el Senasa, productores en zona de conflicto y vecinos denunciantes, entre otros.

“La idea es empezar a generar cuestiones de convivencia y buscar alternativas para que los vecinos no se vean afectados y el productor pueda ir modificando su modo de producir”, resaltó.

En cuanto a las denuncias recibidas, Gambale indicó que a partir de éstas “se ha ido a notificar a los campos y a constatar”. El inconveniente para desarrollar esta labor es que “depende de las buenas voluntades de los dueños de los campos”.

Como ya se ha explicado, por el momento el Municipio no tiene la autoridad para ingresar de oficio a una propiedad, sino que tiene que tener autorización del propietario. De todas formas, Gambale afirmó que “siempre hay buena voluntad por parte de los productores”.

“Está más que claro que nadie quiere envenenar a nadie, pero hay un gran desconocimiento en el tema desde todos los sectores”, añadió y concluyó al decir que “con un buen entendimiento se puede lograr una sana convivencia”.

AGENDA 2012

El director de Desarrollo Productivo adelantó que se encuentran abocados a la tarea de programar una serie de cursos de capacitación de buenas prácticas agrícolas, para el año entrante.

El objetivo es que todos los productores se registren, hagan el curso y obtengan un certificado.

Gambale aseguró que durante el año pasado se dictaron 5 talleres sobre el correcto uso de agroquímicos, pero se pretende generar una agenda para el 2012 “más intensiva” y “captar a todos los productores hortícolas para empezar a tomar conciencia”.

“Los productos usados adecuadamente, según la Organización Mundial de la Salud, no deberían perjudicar a nadie, pero muchas veces ocurre esto porque hay desconocimiento”, finalizó Gambale.