La Municipalidad de San Luis volvió a tensar la cuerda con el Gobierno provincial al exigir mediante una nota enviada a Diego Masci, jefe del Programa Seguridad y Planeamiento, que se le informe sobre la ubicación de cada una de las cámaras de seguridad que integran el sistema de video vigilancia que monitorea el Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad. Para agregarle rispidez al asunto, exigió que la respuesta sea presentada en carácter de declaración jurada.

La misiva está firmada por Esteban Pringles, no en su flamante función de secretario de Hacienda, sino como director general de Ingresos Públicos. Este detalle llevó a Eduardo Mones Ruiz, ministro de Seguridad, a especular sobre la intención de la comuna: "Capaz que nos quieren cobrar alguna tasa por la colocación de las cámaras", dijo ayer durante la conferencia de prensa realizada en Terrazas del Portezuelo luego de la reunión de Gabinete.

Según la Municipalidad, falta una autorización de su parte para la colocación del sistema. Pero el Gobierno ya respondió enviándole la copia de las dos veces que la Comuna, por entonces en manos de Alicia Lemme, permitió la concreción del plan de seguridad. Una data de 2008 y está firmada por la propia Lemme por nueve cámaras; y la otra es de 2010 y la rubricó Guillermo Godoy, permitiendo la instalación de otras 20. Las seis restantes están dentro del predio del Hospital San Luis.

Hace un par de meses, la Provincia les había solicitado a las autoridades municipales que lleven adelante tareas de poda correctiva porque alrededor de 15 cámaras de seguridad no estaban cumpliendo su función de manera correcta debido al follaje de los árboles circundantes. En la misma nota, también pidió más iluminación, sobre todo en los barrios Jardín del Sur, Lucas Rodríguez y Plan Lote Eva Perón Anexo III.