La propuesta será remitida al Concejo Deliberante y la Legislatura, quienes deben aprobar la operación para que sea viable.

Neuquén > El municipio de la ciudad analiza emitir bonos hasta 200 millones de pesos para hacer frente al fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a las sumas no remunerativas abonadas durante la gestión de Derlis Kloosterman y también para afrontar la ejecución del plan de obra pública previsto hasta 2015.

“Estamos analizando un financiamiento. Lo más factible es que sea en bonos para cubrir las obras públicas de estos cuatro años de gestión. También para cubrir los 41 millones de pesos de los juicios por los adicionales no remunerativos no bonificables que definió la Corte”, informó el secretario de Economía y Hacienda, José Luis Artaza.

Propuesta

Para que la modalidad sea viable debe tener el aval de los concejales, por lo que el Ejecutivo enviará en junio la propuesta al Concejo Deliberante para su aprobación junto con el proyecto de Presupuesto 2012.

Artaza explicó que, de acuerdo al artículo 55 de la Carta Orgánica Municipal, se necesita la aprobación de los dos tercios de los integrantes del Concejo y también de la Legislatura.

"No deberíamos tener inconvenientes dado que Provincia acaba de anunciar la emisión de bonos de mayor magnitud, la diferencia es que nosotros no lo aplicaremos a gastos corrientes porque la Carta lo prohíbe”, explicó el funcionario. “No podemos afectar empréstitos a los gastos corrientes”, agregó.

Previsión

“Estamos buscando la mejor tasa de mercado, la garantía serán las regalías y el plazo de amortización de cinco años”, detalló el secretario. “La idea es tener la previsión suficiente para que al momento que la Corte disponga el pago de los no remunerativos, que puede llevar de seis a ocho meses más, podamos contar con los fondos suficientes para abonar dicho monto”, concluyó.

Artaza recordó que en 2007 se llegó a un acuerdo con el 80 por ciento de los agentes municipales que iniciaron acciones legales al municipio, pero aún quedan 541 personas a las cuales, de acuerdo al fallo de la Corte Suprema, se debe abonar 41 millones de pesos. “El resto del financiamiento, o sea la mayoría se va a afectar a la obra pública”, adelantó.