Este miércoles se realizó una reunión de la que participaron funcionarios y los vecinos del barrio y del asentamiento. Para solucionar el conflicto, elaboraron un plan habitacional que se concretará dentro de un año aproximadamente.
Por este motivo, ayer por la tarde se realizó una reunión de la que participaron representantes de la comuna que comanda Rubén Miranda, encargada de autorizar la edificación, personal del Ministerio de Seguridad, de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y los vecinos del Covirpol y del asentamiento.
El objetivo del cónclave era simple: encontrar soluciones a este conflicto ya que las denuncias realizadas por los residentes del barrio por problemas de inseguridad con los pobladores de la villa datan del 2008. Durante el diálogo, del que participaron mayormente las jefas de familia, aparecieron las discrepancias y ambas partes se trenzaron en acusaciones que vienen desde hace tiempo.
Luego de escuchar lo que cada uno tenía para decir, los funcionarios decidieron poner paños fríos a la situación y esbozaron propuestas para la resolución del conflicto.
Como primera medida, el IPV se comprometió a comprar un terreno para luego hacer un plan habitacional destinado a los vecinos del asentamiento. Sin embargo, este proyecto se concretará en un período aproximado de un año. Para esto, se realizará un censo para conocer con exactitud cuántas familias habitan en el predio y, de esta manera, edificar la cantidad de casas necesarias.
Por otra parte, y dado que el muro no será derribado, la Municipalidad hará una suerte de urbanización en el asentamiento. Es decir, mejorará los accesos, pondrá ripio en las calles y, especialmente y por pedido de los vecinos, se colocarán varios contenedores por los inconvenientes tenidos con la basura.

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