Habrá quizás algún funcionario preguntándose si estuvo bien o no esa idea de salir con camiones particulares a recoger, casi en tono simbólico, la basura de una mínima porción del centro de la ciudad. Ese que esta “movida” de funcionarios y militantes radicales terminó por radicalizar el conflicto, desatando la ira de los basureros, quienes ayer a las 16 concurrieron al municipio y sitiaron el Palacio 6 de Julio con unos 40 camiones cargados de basura.

Peor aún se puso el panorama cuando uno de los camiones color anaranjado vaciaba su pestilente carga en el mismísimo acceso a la cochera de la sede municipal, justo el lugar por donde deberán entrar hoy a primera hora los funcionarios.

Tapándose y la nariz e indignado, el único funcionario presente, el subsecretario de servicios generales, Mario Rey, calificó el panorama que veía como una “irracionalidad en materia de la protesta”. Consideró que se trataba de “una ostentación y afrenta contra los vecinos, al poner los camiones rodeando el municipio”.

Anoche, el gremio ratificó la continuidad del paro por tiempo indeterminado, por lo que la ciudad hoy amanecerá hecha una mugre.

Desde la Crese, Alberto Castagno, su director, confirmó anoche que hoy se presentará ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia para solicitarle que “intervenga” en el conflicto, abriendo la posibilidad de una conciliación obligatoria.

El Surrbac reclama a la empresa que levante varios cheques (según Castagno “sin fondos”) con los que la gestión de Daniel Giacomino pagó aportes sociales y gremiales. “Esta gestión no debe un peso –apunto Castagno–. Lo que reclaman, como cualquier deuda municipal previa al 10 de diciembre, debe ser consolidada”, dijo para dejar en claro que no tiene previsto desembolsar un peso.

¿Politizada? Las condiciones de la protesta complicaban seriamente la mesa de negociación, tal como lo apuntó el propio Rey. Parecían estar más que de acuerdo los muchachos nucleados en el gremio del Surrbac: “Si el Ministerio de Trabajo nos llama, iremos. Siempre estamos abiertos a negociar, pero fue el Ejecutivo el que desencadenó este conflicto”, dijo Carlos García, vocero del Surrbac.

Mientras tanto, los funcionarios del municipio no evitaban mostrar su desazón por las tres protestas desatadas por Surrbac en el mes de gestión que lleva Ramón Mestre, y aseguraban que el actual conflicto estaba “politizado”.

“Si no logramos que el personal nos acompañe va a ser difícil sacar a la Crese de esta situación”, se quejó Alberto Castagno, presidente de la empresa estatal.

Muy diferente era lo que planteaba el vocero del sindicato, al remarcar que aún con los 38 millones de pesos de costo operativo que demanda la empresa, “sigue siendo la de costo más reducido en el país”. Según él, actualizarlo demandaría 58 millones de pesos.

En este contexto, se coló en la discusión el fantasma de la privatización, que sobrevolaba la asamblea de anoche en Crese. “Que la desdoblen, la corten, la doblen, la privaticen, y después veamos cuánto les sale un privado a los cordobeses, y si nos convenía o no tenerla así”, señaló García.

Asamblea por los despidos

Una de las consecuencias del atraso del municipio en los pagos a la empresa estatal, fue el incumplimiento en cadena con los proveedores. Uno de ellos, la firma de trabajo eventual Guía Laboral, con tres mensualidades atrasadas por parte de Crese, decidió la cesantía de 195 trabajadores eventuales.

El gremio salió en defensa de estos trabajadores, y sostuvo que “son afiliados y tienen todo el aval” para iniciar un plan de lucha. De hecho, anoche permanecían en la sede de la empresa en la avenida Circunvalación.

En cambio, Castagno dijo anoche que el reclamo es improcedente, por tratarse de personal eventual. “Tienen que ir a protestar a Guía Laboral (la consultora que los contrata), no a la sede de Crese”, señaló el funcionario.

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