La Municipalidad de Santo Tomé se constituyó como actor civil -con lo cual procurará un resarcimiento económico para el municipio- en la causa judicial por medio de la cual se investiga la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos durante el período 2003-2007, por parte de quien fuera titular del Ejecutivo Municipal durante ese tiempo y aparece como imputado de la misma, el ex intendente Ángel Benjamín Piaggio.

Esta presentación se ha realizado con el patrocinio de los doctores Eduardo Jauchen y Mario Martín Barletta, ante el Juzgado Correccional de la Tercera Nominación de Santa Fe, ámbito que lleva adelante la tramitación del expediente Nº 1.700 de 2008, caratulado “Requerimiento de Instrucción Fiscal Nº 4, en relación con denuncia de Claudio Fabián Palo Oliver”.

Vale aclarar que el referido expediente refleja la presentación hecha el 16 de mayo de 2008 ante la Justicia santafesina por el actual jefe de gobierno local, la que está basada en los resultados de la auditoría económico-financiera que llevó a cabo la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) sobre el estado patrimonial de la Municipalidad de Santo Tomé al 11 de diciembre de 2007.

Precisamente, en el escrito presentado ahora, se recuerda que durante los primeros días de la administración de Palo Oliver se dispuso la concreción del citado trabajo contable de la UNL, el que arrojó conclusiones que podrían encuadrar al accionar de Piaggio en los tipos penales anteriormente descriptos.

Desvíos e irregularidades

Entre otras acciones, la auditoría detectó el desvío de fondos por $ 677.223,99, según el siguiente detalle: $ 46.000, para cursos de capacitación que nunca se hicieron y correspondían al Ministerio Nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad (Plan Integral para la Promoción del Empleo “Más y Mejor Trabajo”); $ 169.203,92 del Programa Provincial Obras y Equipamiento para Municipios y Comunas, para la obra de pavimento flexible; $ 25.866,09 del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, para la obra de agua corriente del barrio Las Vegas; $ 119.462,73 y $ 316.691,25 del Ministerio de Asuntos Hídricos de la provincia de Santa Fe, para las obras del Colector Balcarce y de la Cloaca Máxima Sector Sudoeste, respectivamente.

A todo ello caben sumar $ 80.447,66 de contrataciones irregulares (lo que hace un total comprobado de $ 757.671,65), realizadas sin el trámite correspondiente y que también fueron expuestas en el informe presentado por los profesionales auditores, el que motivó la denuncia penal de 2008, generadora de la causa en trámite, conocida como Causa Piaggio.

Allí, el demandante era Fabián Palo Oliver; ahora, es el municipio santotomesino el que se constituye en actor civil y, como fundamenta en presentación del estudio jurídico Jauchen-Barletta, todos los hechos a primera vista delictivos, atribuibles al imputado en esta causa, han provocado a la Municipalidad de Santo Tomé daños materiales que se demandarán oportunamente.