Los desembarcos del cordobés Carlo Barbaresi, del chaqueño Hugo Silva y del bonaerense Carlos Jacomet en la Intendencia de San Luis no fueron gratuitos. Además de que sus nombres fueron digitados por funcionarios de Cristina Kirchner, sus arribos implicaron un gasto extra al Municipio, que asumió el compromiso de desembolsar este año más de 150 mil pesos en el alquiler de las propiedades en las que viven.

La cifra surge de sumar los montos individuales que figuran en la respuesta que dio el Ejecutivo a un pedido de informe del Concejo Deliberante. El contador Martín Zapata, de Contaduría General, confirmó las sumas que mes a mes paga la Comuna para los hogares de los tres secretarios: 2.400 pesos al arquitecto que tiene bajo su órbita Planeamiento y Desarrollo Urbano, 6.000 pesos al maestro mayor de obras que conduce Obras Públicas, y 4.200 pesos al joven encargado de la cartera de Desarrollo Social, Salud, Cultura y Educación.

El número individual no contempla expensas, luz, agua, cloacas, gas ni seguro de caución. Pero eso no es todo. Uno de los datos llamativos que figura en los contratos es que ninguno de los tres se hace cargo de cualquier destrozo que hubiera en el inmueble. Esos costos eventuales los deberá afrontar el Municipio, que realizó los convenios con inmobiliarias y particulares.

El pago del alquiler deja al descubierto el incumplimiento del intendente Enrique Ponce a la Carta Orgánica Municipal, que es la Constitución de la ciudad. En su artículo 11 establece que los funcionarios “deberán tener domicilio real dentro del ejido establecido, siendo ello un requisito ineludible para su asunción y mantenimiento en el cargo”.

Sin embargo, los tres llegaron a San Luis para sumarse al Gabinete desde el 10 de diciembre de 2011. Y para garantizarse su estadía, cada uno lo hizo con su familia. Silva prefirió una coqueta casa del barrio San Cayetano, ubicada en calle Alem 1171. Mientras que sus pares optaron por departamentos céntricos. Barbaresi eligió el 2º piso del edificio de Colón 635 y Jacomet, decidió alejarse unas cuadras del microcentro e instalarse en el departamento A del 4º piso de la torre “Salta Promenade”, situada en la esquina del pasaje Salta y Caseros.

La contratación de los alquileres ya genera varias objeciones en el Tribunal de Cuentas Municipal y en el Concejo Deliberante. Cuestionan la forma de selección de las propiedades. Aseguran que no hay documentación en la que aparezcan cotizaciones de otras inmobiliarias para comparar precios y características de las viviendas y dan a entender que la selección fue “a dedo”, sin pasar por ningún concurso.

También aducen que todos son “hechos consumados”, lo que es considerado una mala palabra para las leyes contables vigentes. Es decir no sólo que los inquilinos habitaron antes los inmuebles sino que la autorización para contratar del Ejecutivo, está fechada después que los firmaron y de que entraron en vigencia.

Aunque el punto que más irrita a los concejales es que con el pago de los alquileres la Comuna encubre un sobresueldo a funcionarios. Una medida que va en contra de las remuneraciones extraordinarias que prohíbe la Carta Orgánica en su artículo 12 y que atenta contra el principio de igualdad con el resto de los secretarios, que ya vivían en San Luis. En el Tribunal de Cuentas consideran que la suma debería estar incorporada en el recibo de sueldo para que sea tenida en cuenta en la contribución del Impuesto a las Ganancias.

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo ya tiene en sus manos la documentación para analizarla, aunque pedirán copia de cada uno de los contratos para justificar todos los cuestionamientos a la forma en que Ponce incorporó gente a su Gabinete.