Las máximas autoridades políticas de la ciudad instruyeron a los concejales, para que elaboren una ordenanza que determine el cierre definitivo de los cabarés. La medida tiene directa relación con las fuertes críticas de funcionarios santarroseños y judiciales, que desde hace un tiempo cuestionan la postura del intendente Jorge Tebes y los ediles locales, con relación a la existencia de locales nocturnos donde se ejercería la prostitución.

Si bien los concejales oficialistas prefieren por el momento no hablar de “cierre”, y en su lugar apuntan a una “legislación superadora”, las fuentes consultadas por El Diario aseguraron que la orden es clara: cerrar los cabarés de Pico. En ese contexto, y como ratificación de la medida, el municipio local estaría dispuesto a afrontar las consecuencias que implicaría cerrar las puertas de un negocio ya habilitado.

Ordenanza

Desde que las autoridades municipales de Santa Rosa, entre los años 2008 y 2009, decidieron combatir abiertamente la explotación sexual en locales nocturnos, los dirigentes políticos locales ensayaron un par de alternativas que aparentaron ir en el mismo sentido, pero en definitiva quedaron a mitad de camino.

Los concejales del período anterior aprobaron la Ordenanza 82/09, que estipula no habilitar más este tipo de locales nocturnos y también no renovar las habilitaciones a los cabarés ya existentes -dos habilitados con dicha denominación en la actualidad-.

De hecho, esta ordenanza ya sirvió para lograr el cierre del cabaré Play Boy, luego del fallecimiento del titular de la habilitación. Familiares del dueño, que pretendieron continuar con la actividad, intentaron con abogados revertir la clausura definitiva, pero la Justicia finalmente hizo lugar a la posición del municipio. Por lo que las mismas personas insistieron luego con la reapertura del local, bajo otra denominación comercial.

A principios de noviembre del año pasado y sobre el final de mandato de los anteriores concejales, el director de Producción Municipal, Miguel García, envió una nota al cuerpo deliberativo donde solicitó que “por un tiempo” -estimado en tres meses- “no se habiliten” más pubs o locales bailables en la ciudad. La iniciativa fue la respuesta a una serie de peleas callejeras a la salida de locales bailables y también la proliferación de pubs que terminaban convirtiéndose en garitos, o boliches en cabarés.

Esta medida fue muy criticada por la oposición públicamente, y también fuera de micrófono por los mismos oficialistas, quienes entendieron que el funcionario “no se hizo cargo” como corresponde de las inspecciones a dichos establecimientos y, como salida, “le tiró la pelota” al Concejo Deliberante.

Cuestionamientos

La nueva embestida contra los locales donde se ejerce la prostitución, en esta ocasión, parece que responde a los duros cuestionamientos que las autoridades locales debieron soportar en el último tiempo.

La primera persona en deslizar críticas fue la ex subdirectora de Políticas de Género santarroseña, Mónica Molina, quien en declaraciones periodísticas afirmó que los concejales de Pico “saben” que hay locales “donde existe explotación sexual”. Luego fue el jefe de fiscales de la Nación, Esteban Righi, en respuesta a un legajo del Juzgado Federal con asiento en Santa Rosa, donde afirmó que las ordenanzas vigentes en Pico “favorecen la comisión del delito de trata de personas”. El mismo documento también instó a los jueces federales con jurisdicción en la zona, para que actúen sin más vueltas sobre el tema, situación que tampoco se concretó.

Hace menos de un mes, Mónica Molina regresó a esta ciudad para dar una charla sobre el tema, paradójicamente organizado por la Municipalidad de Pico, donde volvió a cargar contra la Intendencia y el Concejo Deliberante. En este caso trató de “cómplices” al jefe comunal y a los ediles por permitir que continúen abiertos los establecimientos donde podrían concretarse delitos tales como la trata de personas.

Estas últimas declaraciones habrían molestado bastante a las máximas autoridades políticas del medio, quienes a partir de ese momento parece que tomaron la decisión de cerrar los cabarés.

Resta aún conocer cómo se implementará porque, hasta el momento, el camino parece similar al ya utilizado por el director de Producción del municipio piquense, quien en su momento no quiso pagar con los costos y tiró la responsabilidad al Concejo. Y en esta oportunidad, aunque el mecanismo responda a la vía legal correspondiente, todo indica que quienes deberán “poner el pecho” son los concejales de Pico, mientras otros probablemente se queden con los laureles.