el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que definió como no punibles los abortos productos de violaciones y un proyecto para retirar el monumento al combate de Manchalá ocuparon ayer el debate de los concejales capitalinos, que aprobaron también una ordenanza de creación de la Oficina de Objetos Perdidos y Documentación Extraviada.

La concejal Gabriela Cerrano del PO dijo que la iniciativa del oficialismo denominada Pacto Social contra las Drogas toma lo que plantean muchas organizaciones de madres en la lucha contra el paco, que afrontan como principal problema la falta de políticas de Salud en materia de rehabilitación, salvo los tratamientos ambulatorios y que a los adictos a veces se los toma por locos. Dijo que la idea debería ser incorporada con un presupuesto concreto y acciones concretas y que la “primera pata floja es la del Estado, que tiene entre sus empelados a los narco policías.

“Con este proyecto no hay ninguna medida contundente”, afirmó Cerrano. César Alvarez del Partido de la Victoria dijo que “había que poner racionalidad después del diagnóstico apocalíptico y dijo que el proyecto constituye una oferta más, un paso hacia adelante”.

El concejal Martín Pérez Estrada (PPS) sostuvo por su parte que “era una propuesta algo incompleta, parcial, pero peor es no hacer nada”. Martín Avila (Memoria y Movilización dijo que el flagelo de la droga no ha sido combatido de la mejor manera, pero este es un buen comienzo, mientras que para Martín Poma es un camino inicial, mientras Angela Di Bez expresó que “todo es perfectible y se puede mejorar”. Silvina Abilés pidió no extrañarse ante los proyectos, porque sea cuál sea el PO siempre se opone”.

Cerrano del PO volvió a hablar y dijo que “el proyecto no va a servir para plantear lo que dice; si el primero que se va a sentar es el Gobierno provincial estamos fritos, porque allí hay narcotraficantes”, en alusión al caso de los narco policías.

El PO pidió abstenerse, el cuerpo le negó esa posibilidad y los dos concejales de esa bancada se retiraron para no votar.

Finalmente se aprobó por unanimidad. El Pacto Social Contra las Drogas se considera un compromiso social y multisectorial que deberá convocar a todos los sectores públicos y privados para promover la cooperación y coordinación para una acción contundente y decidida dirigida a la prevención del problema caracterizado por el consumo de drogas en sus diferentes manifestaciones, como también al tráfico ilícito de sustancias y los delitos conexos al mismo.