Una fuente judicial con acceso al expediente confirmó esta semana que el juez había autorizado a la Municipalidad para ser querellante en la causa contra el presidente de Codistel S.A, Walter Luzzardi.

El Municipio ya había pedido ser querellante, pero su planteo fue rechazado a principios de mayo pasado por Videla, quien advirtió errores de forma en la presentación del asesor legal de la Municipalidad, Sebastián Leguizamón.

La Asesoría Legal corrigió los errores y la Municipalidad fue aceptada la semana pasada como querellante, informó otra fuente que conoce el expediente.

La causa se originó en julio de 2008 a partir de la denuncia que realizó el bloque de concejales de la UVAC. Los ediles denunciaron a Luzzardi y al responsable local del EPEN, Javier Abraham, por supuesta sobrefacturación del servicio de recolección y tratamiento de la basura domiciliaria.

Advirtieron que la concesionaria del servicio había cobrado sumas superiores a lo que correspondía, según el sistema de reajuste que funcionaba de acuerdo a la cantidad de medidores de luz en la localidad. Los datos los suministraba el EPEN.

Los ediles habían estimado que la sobrefactuación rondaba los 500.000 pesos y, por eso, fueron a la Justicia. La fuente judicial recordó que una pericia contable estableció que la diferencia del período analizado rondaría los 50.000 pesos.

En forma paralela, Luzzardi promovió una demanda civil contra la Municipalidad para reclamar una deuda de alrededor de 850.000 pesos que, según el empresario, mantiene el municipio con Codistel. La demanda civil está en el Tribunal Superior de Justicia, que la declaró admisible el año pasado.

La empresa reclama el pago de abril, mayo y junio de 2008, más los intereses. Codistel estuvo a cargo del servicio hasta el 31 de julio de 2008. Desde entonces, lo presta la Municipalidad.