El legislador radical avaló la posición del gobierno y rechazó que sea la provincia la que deba pagar los aportes jubilatorios y la obra social de los beneficiarios de estos planes sociales. Para Galván, Ricardo Quintela firmó un convenio con la Nación en el que asume la obligación de su intendencia de hacerse cargo de todas esas cargas sociales.
En ese sentido, Galván indicó que “es una vergüenza que a tantos meses del conflicto, todavía los trabajadores estén en precariedad laboral”.
“Si en la Fiscalía no se da cumplimiento y definición judicial al tema en una semana, le vamos a pedir al juez penal de turno que se aboque a la investigación de la causa y llame a indagar a los implicados”, advirtió el legislador opositor.
Para Galván, “la urgencia que se le pide a la justicia tiene su razón de ser, atento a que los descuentos que se practican en los haberes de los empleados PIL tienen carácter alimentario”.
En el mismo sentido sostuvo que “se siguen tirando el problema entre la Nación, la Provincia y Municipio, mientras los trabajadores siguen sin obra social, aportes jubilatorios, seguro de vida y sin aguinaldo. Si nosotros no abríamos la boca, hasta el día de hoy los PIL seguían en la misma situación” concluyo Galván.
El radicalismo pide “que el Intendente haga efectivo el decreto nº 3845 con fecha del 30 de Septiembre de 2011 que el mismo firmo en donde dice lo siguiente:
Artículo 3: El Municipio del Departamento Capital abonará a los beneficiarios la diferencia en dinero necesaria para alcanzar el salario equivalente a la categoría 14 y las contribuciones patronales sobre dicha diferencia.
Articulo 4: Autorizar a la Secretaria de Economía, Hacienda y Finanzas a efectuar las correspondientes imputaciones presupuestarias para dar cumplimiento de lo dispuesto en el presente.
Articulo 5: Dejar establecido que la implementación operativa de lo dispuesto en el presente acto administrativo, estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos y la Sub Secretaria de Empleo Municipal”.
En el mismo sentido, la UCR reclama que Quintela “cumpla con el convenio firmado el 27 de diciembre de 2010 con la Secretaria de Empleo de la Nación, donde en las cláusulas 13, 14, 15, 16 y 20 el Municipio asume íntegramente la obligación de hacerse cargo de las cargas sociales de los trabajadores PIL”.
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