El intendente Ramón Mestre pagó, y ahora pide que quienes la hicieron, la paguen. Ayer, a las 11, en el mismo momento en que anunciaba que completó el pago de sueldos (ver página 3), en un piquete que acompañaba la protesta de los empleados municipales le tiraron dos bombas de estruendo a una camioneta de Bomberos. Según el parte policial, el ataque ocurrido en la esquina de La Rioja y Avellaneda, provocó un accidente entre el vehículo y una moto, dejando como saldo a dos personas heridas. No sólo Mestre: también Bomberos presentó una denuncia penal para que se investigue quiénes las tiraron.

Mestre ordenó a sus funcionarios que lleven a Tribunales tres casos: los explosivos que fueron arrojados ayer; las roturas de vidrios en la oficina privada del Palacio 6 de Julio por una bomba de humo; y las acciones violentas en cercanías de Plaza España. El secretario de Gobierno, Facundo Cortés Olmedo, confirmó a Día a Día el pedido para que una fiscalía abra una investigación sobre los incidentes. “Pedimos que se garantice (desde el gremio) la tranquilidad y evidentemente no lo han podido cumplir. Una bomba ingresó en la Privada, cerca del despacho del Intendente”, precisó el funcionario. También se pidió a los vecinos que se hayan visto afectados en las protestas que realicen aportes a la causa.

Por el ataque con las bombas de estruendo, Bomberos asentó una denuncia en la comisaría Tercera. Desde la Jefatura de Policía emitieron un comunicado anunciando que “se dará inmediata participación a la Justicia a los efectos de esclarecer y buscar a los responsables de lo sucedido”.

Todo fue capturado por la cámara del celular de un trabajador de un edificio en construcción que está justo frente a donde se produjo el accidente y el video será usado como prueba.

Según Bomberos, el accidente ocurrió porque la camioneta fue obligada por los manifestantes a girar en contramano por Avellaneda. En ese momento, estallaron las dos bombas en el vehículo y se produjo el choque: “No vi nada, vino la chata que dobló, pegó contra el contenedor y se fue”, contó Nicolás Albornoz, el conductor de la motocicleta, tirado en el asfalto de Avellaneda al lado de su acompañante, Fernando Rodríguez.

Los testigos aseguraron que la camioneta se fugó después del choque. El comisario inspector Pablo Charra, del cuerpo de Bomberos, explicó que el oficial que manejaba la camioneta decidió alejarse al temer que el equipo de GNC del vehículo hubiera sido dañado con el explosivo que estalló en la caja trasera. Luego, la Policía remarcó que el conductor del móvil no se percató del accidente y que después retornó.

El móvil era conducido por el agente Nelson Gutiérrez, quien recibió heridas leves en sus ojos y oídos por la explosión de la bomba en el interior del vehículo, y estaba acompañado por el oficial inspector Mario Olivera.

Las dos personas que se conducían en la moto no sufrieron heridas de consideración. Fueron derivadas al Hospital de Urgencias y a las 16 de ayer les dieron el alta.

-------------------

Denuncias de Crese, en la misma bolsa

La empresa municipal de higiene urbana llevó a la Justicia los daños que sufrió su patrimonio durante la protesta del Suoem, el último viernes.

Así lo señaló ayer el intendente Ramón Mestre y lo confirmaron asesores legales de la firma, en diálogo con este diario. Según precisaron, representantes de Crese “dejaron testimonio” –ante la fiscalía interviniente en la Unidad Judicial 2– de la destrucción de seis contenedores y una campana de reciclado, equipamiento que la empresa tenía en la zona de la plaza Colón (donde la recolección está “contenerizada”) y frente a la delegación de Bomberos en el centro. Esos fueron los elementos quemados y golpeados por militantes del Suoem durante los “piquetes” del viernes, profusamente televisados.

“Nosotros no señalamos responsable de los daños, porque no vimos quién los hizo, nos limitados a informar los daños en una investigación abierta por la fiscalía a raíz de la presentación de Policía”, explicaron desde la firma estatal. La carátula es “daño calificado por el objeto”, una figura agravada que el Código Penal establece cuando se dañan bienes públicos. La Policía fue la que inicialmente denunció la quema del contenedor próximo a Bomberos y la sede del Eter, por la que se labró un sumario.

Trascendió que la fiscalía comenzó a girar oficios a los medios solicitando copias de las filmaciones a donde se ve cómo son destruidos los equipamientos públicos en la protesta.