En varios países desarrollados, el salario está atado al menos a dos variables básicas: el nivel de capacitación y la productividad.

Por lo conocido en los últimos días, ninguno de esos parámetros parece regir los sueldos públicos en la provincia de Córdoba.

Repasemos: un empleado de la Empresa Provincia de Energía (Epec) tiene un sueldo promedio de 14 mil pesos mensuales, aunque el costo salarial trepa a casi 25 mil pesos, entre otras cosas por el adicional de la bonificación anual por eficiencia (BAE).

En febrero, el salario promedio de los empleados municipales de la ciudad de Córdoba llegó a 11.036 pesos.

Los municipales cobran dos veces y media el salario bruto promedio que paga el sector privado en toda la provincia.

El promedio del salario público nacional en el tercer trimestre de 2011 alcanzó los 11.485 pesos, según el Indec. Y el del sector salud en particular, 10.881 pesos.

Con el acuerdo firmado entre el Sindicato de Empleados Públicos y la Provincia, un médico que recién se inicia en un hospital, con 35 horas semanales, cobrará con el primer tramo de aumento (12,5 por ciento) alrededor de 4.700 pesos.

Un maestro inicial, con la propuesta que todavía no aceptó la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) percibiría unos 3.400 pesos y un director de primaria, con 15 años de antigüedad, alrededor de 5.550 pesos.

Aunque cada gremio tiene el legítimo derecho de luchar y conseguir el mejor ingreso para los afiliados, la realidad de los sueldos estatales va a contramano de parámetros como la capacitación y la productividad.

Por caso, un médico dedica en promedio al menos 10 años de su vida entre obtener su título y realizar una especialización y la residencia, y su salario inicial no llega a 5.000 pesos. Y a diario afronta el desafío de velar por la salud y la vida de la gente.

Más allá de las falencias que pueda tener el sistema docente –como el elevado ausentismo–, resulta casi una obviedad señalar que la educación es la base y la clave para el desarrollo individual y colectivo. Y así lo entienden todas las naciones desarrolladas.

En las manos del gobernador José Manuel de la Sota está por estas horas la decisión de mejorar o al menos darles un valor diferencial a los sueldos de los docentes provinciales.

Sin desvalorizar ninguna función, cabe preguntarse si es equitativo que quienes tienen la responsabilidad de la educación reciban la misma mejora que los empleados de la administración.