La resistencia al aumento del 127% en la tarifa del subte se trasladará a las 15 comunas porteñas desde esta semana, cuando la Multisectorial, que juntó 200 mil firmas en siete días para frenar el reajuste que ordenó el jefe de gobierno Mauricio Macri, suspenda el levantamiento de molinetes en las estaciones del tren subterráneo de la Capital y desembarque en sus 50 barrios, donde habita más del 60% del millón de usuarios que viaja todos los días bajo tierra. La medida fue anunciada ayer por los integrantes de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP), el sindicato independiente con personería sindical desde 2008, que impulsó la creación de la Multisectorial junto a usuarios, movimientos sociales, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y partidos políticos. Ayer, todas las fuerzas que se movilizaron desde el 3 de enero para impedir la aplicación de un ajuste inédito en la historia del subte porteño, se reunieron en el Hotel Bauen para analizar el fallo del juez porteño Fernando Juan Lima, que el lunes rechazó todos los amparos que presentaron asociaciones de consumidores y legisladores porteños para detener el incremento que dispuso el gobierno porteño, un día después de que aceptara la devolución de las seis líneas y el premetro por parte del Estado Nacional.

“Decidimos hacer una evaluación de los hechos, para nosotros el fallo del juez Lima no fue puesto nunca como algo relevante. El aumento de la tarifa tiene un repudio masivo, en el petitorio en menos de una semana obtuvimos 150 mil firmas”, explicó Roberto Pianelli, delegado de la Línea E que comparte la conducción del sindicato de metrodelegados junto a Néstor Segovia quien, por su parte, acusó al magistrado de negarse a “afectar los intereses de Metrovías, sin importarle las 200 mil firmas”.

El mensaje de los delegados del metro no dejó lugar a dudas sobre los pasos que adoptará la Multisectorial durante todo el tiempo que el gobierno porteño se demore en realizar la audiencia pública que establece la ley porteña para convalidar cualquier aumento de tarifas de los servicios públicos. La decisión de la Multisectorial fue anunciada pocas horas después de que Macri, en su calidad poseedor de los bienes del subte, le pidiera “responsabilidad” a los más de 3000 trabajadores de la red. “Mi pedido es que trabajen para que el servicio funcione mejor, y que juntos tendremos que trabajar en los próximos años para mejorar el servicio. Ellos tendrán la posibilidad de expresar qué es lo que hay que hacer para que el servicio mejore. Por lo pronto, lo que hay que hacer es trabajar para que el servicio funcione”, dijo el alcalde, con un intento de cautela que, finalmente, no alcanzó para alivianar el malestar de los metrodelegados.

Durante la conferencia de prensa, los miembros de la AGTSyP se encargaron de recoger el guante que dejó Macri por la mañana y no dejaron lugar a dudas sobre los próximos pasos que adoptará la Multisectorial hasta abril, cuando termine el proceso de devolución del subte. La ley porteña establece que el gobierno no puede ordenar ningún aumento en tarifas de servicios públicos sin debatirlo en una audiencia pública. Esa instancia no fue negada por el gobierno PRO, sino que fue postergada para ser realizada cuando finalicen los trámites de traspaso del subte, es decir, para concretarse tres meses después de la aplicación del aumento más importante de la última década. “Ante esa política de hechos consumados, vamos a repudiar el aumento con los números de la realidad”, advirtió Pianelli. “Le vamos a contar a todos los vecinos y usuarios los números reales de Metrovías, la empresa del Grupo Roggio que en sus balances de 2010 tuvo ganancias anuales por 35,9 millones de pesos”, dijo.<