Víctor Vélez es el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la entidad que nuclea a los colegios de magistrados provinciales. En su paso por La Pampa habló de varios temas, polémicos algunos, como el jury que se le sigue al juez Carlos Flores por la aplicación de la derogada figura del avenimiento o la exención del pago del impuesto a las ganancias de la que gozan los funcionarios judiciales. En medio de esas definiciones dejó una muy singular: "La corrupción administrativa en el Estado es como las multinacionales, que se filtran por todos lados y corroen los cimientos de la sociedad". A continuación la charla que Vélez mantuvo, en un lenguaje muy llano, con este diario.

- ¿No se viola la Constitución, que habla de igualdad entre todos, cuando los jueces no pagan Ganancias?

- Sí, hay una desigualdad. Eso es lo irritante, que algunos pagan el impuesto y otro no.

- ¿Por qué entonces, si tienen esa postura, las instituciones judiciales no piden pagar el impuesto?

- Porque creemos que quienes perciben un salario no deben pagar Ganancias, y nosotros cobramos un salario. Más allá de esta posición, conviene dejar en claro que los jueces no es que no pagamos impuestos, sólo no pagamos Ganancias. Los otros impuestos los pagamos todos. Y si la Corte Suprema, que tiene el tema en análisis, dijera que hay que pagar, lo pagaremos. Igualmente, en los grandes números de la economía, sería un monto que no tiene mayor incidencia.

- ¿Coincide con la percepción de que existe una justicia de clase, que perjudica a los más débiles y beneficia a los más poderosos?

- No la llamarla así. Lo que sí coincido es en que el derecho penal sirve para enjuiciar a los más débiles, a los marginales, lo que no está mal si cometieron un delito; lo malo es que no sirve para enjuiciar a los delincuentes de cuello blanco o azul. Yo digo que la corrupción administrativa en el Estado es como las multinacionales, que se filtran por todos lados y corroen los cimientos de la sociedad.

En ese sentido, Vélez remarcó que "los índices dados por Transparencia Internacional (una organización mundial dedicada a combatir la corrupción política) ubican a la Argentina en un lugar poco envidiable. También están los informes de la Auditoría General de la Nación. Por eso es necesario fijar políticas criminales de estado que privilegien la persecución no sólo de los de abajo sino también de los de arriba".

- Llamativamente, o no, las penas para delitos contra la administración pública son más benévolas que las que se aplican en delitos quizá menos graves.

- Así es. Pero ya hay un proyecto, en la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, para elevar esas penas y tuvo dictamen favorable.

Independencia.

- ¿Cuál cree que es la visión que la sociedad tiene del servicio de justicia?

- Me parece que a partir de la actual conformación de la Corte hubo un avance importante, que se refleja en una mayor independencia y una mayor injerencia en los temas que le preocupan a la gente. Incluso la Corte hasta se ha interesado en cuestiones novedosas como el derecho ambiental. Además le abrió sus puertas a los tribunales de las provincias y generó un espacio de interacción donde se puede debatir y fijar objetivos de política judicial.

"A esa mayor independencia hay que agregarle eficacia y eficiencia, porque sin eficacia y eficiencia, por más que haya independencia, el servicio de justicia no sería bueno -remarcó el juez-. Y hay otro dato que vale remarcar: la Corte, por primera vez, creó una comisión de vigilancia de la independencia, que está a cargo de las ministras (Carmen) Argibay y (Elena) Highton".

- Una pregunta ingenua, ¿los jueces son independientes?

- La respondo así: deberían serlo. Porque el ciudadano tiene derecho a funcionarios independientes e imparciales.

- Usted habló de un mejoramiento de la justicia a partir de esta Corte. ¿Eso también se refleja en las provincias?

- Sí. Para ello, por ejemplo, juegan un rol importante organizaciones como la nuestra. Porque si hay cosas que no podemos resolver, tenemos la posibilidad de ir a la Corte y ser escuchados. Ahí encontramos una red de protección y contención. Porque la independencia no se consigue por decreto, sino luchando. Digámoslo de esta manera: ni los poderes ejecutivos deben intentar controlar a los jueces, ni tampoco los jueces deben intentar gobernar a través de medidas cautelares. Cada parte tiene un rol y debe cumplirlo.

El caso Flores.

"No conozco el tema en profundidad, pero sí puede decir que la Federación tiene una gran preocupación cuando ve que se juzga a magistrados por el contenido de sus decisiones o fallos porque de esa manera se está vulnerando la independencia de ellos. No nos gusta lo que está pasando, nos preocupa y nos lleva a encender las alarmas", respondió Vélez cuando fue consultado por el juzgamiento de Flores, el juez del Tribunal de Impugnación Penal, acusado de mal desempeño en la causa que derivó en el crimen de la joven piquense Carla Figueroa.

- Antes afirmó que no coincide con el concepto de justicia de clase, ¿pero no ocurre que las prisiones preventivas se dictan casi exclusivamente contra los más indefensos?

- Digamos que falta un invitado a esa fiesta... Para imponer una prisión preventiva hay que guiarse por dos cuestiones, la posibilidad de fuga o el entorpecimiento a la investigación. Ocurre que a veces las preventivas también se disponen de acuerdo a la eventual pena que pueda recibir un imputado. Sé que hay quejas. Desde lo personal, soy partidario de imponer penas mínimas.

- Una última pregunta, redundante. ¿Cómo se soluciona el incremento exorbitante de causas judiciales?

- A través de la mediación, de la justicia barrial, del principio de oportunidad... Los pequeños conflictos son desgastantes. Y, además, despenalizando ciertas conductas de mero peligro. Hay delito cuando se produce un daño, sino no, ¿entonces para que castigar, por ejemplo, a la portación de armas?

Sí al juicio por jurados.

Vélez ya lleva realizados entre "quince y veinte" juicios por jurado en Córdoba y, a partir de su experiencia, recomienda la implementación de ese sistema. ¿Por qué? "Primero, porque lo establece la Constitución Nacional. Ya con eso alcanzaría, pero además porque es un mecanismo que funciona bien y que construye confianza. El ciudadano, que está alejado de la justicia, se acerca a ella, se compromete y la desconfianza desaparece", explicó. Contó que, aunque la pena es impuesta por los jueces, ellos tienen en cuenta la opinión de los jurados. "Casi siempre la gente quiere agregarle un par de años a la condena".