Las infracciones a la reglamentación determinarán multas de $250 y $500, de las que la más onerosa resulta aplicable al caso de las piletas de natación.

De modo simultaneo, la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) como concesionaria del servicio, deberá desarrollar tres informes que contendrán los datos sobre calidad y cantidad de agua consumida por usuarios residenciales, comerciantes e industriales, durante la emergencia. Dicha información será entregada al Poder Ejecutivo Municipal y al Concejo Deliberante en las siguientes fechas: 30 de enero, 27 de febrero y 26 de marzo. Sobre base de lo señalado en los dos párrafos precedentes, es que también se consideran infracciones la negativa o resistencia a suministrar información por parte de la SCPL para la aplicación y cumplimiento de la ordenanza, la omisión de la SCPL de realizar reparaciones de las conexiones domiciliarias, o de la vía pública que produzcan pérdidas en la red, o las omisiones de los usuarios (residencial, comerciante o industrial) de realizar las reparaciones de instalaciones de agua, que produzcan pérdidas en la red.

También se estipuló que la SCPL deberá maximizar los controles de las áreas técnicas y guardias de control, con el objeto de verificar pérdidas de agua potable, en las instalaciones de conexión domiciliarias en la vía pública, realizando las tareas de reparación que corresponda, mientras que los cortes de agua programados deberán ser comunicados de modo previo al Ejecutivo municipal.

En tal marco, las sanciones a aplicar son las previstas en el contrato de concesión, aplicando además el concepto de reincidencia. En el caso de la primera, las multas se incrementan al 50% de su valor mientras que para los casos de nuevas reincidencias las multas se incrementarán al doble de su valor. La autoridad de aplicación de la normativa será el Ejecutivo municipal, con lo que tendrá el poder de policía y la facultad de aplicar las sanciones. Además, y a moción de la edil Viviana Almirón (PJ-MCh) se introdujo sobre tablas una modificación tendiente a que las inspecciones se concreten de modo conjunto entre la SCPL y la Municipalidad, y que la eventual constatación de infracciones por parte de “enganchados” de manera ilegal a la red, produzca el mismo régimen de sanciones que para los usuarios. “Así seremos justos equitativos y solidarios”, fundamentó.