La Secretaría de Trabajo lo venía analizando y finalmente, al margen de la multa judicial, definió los montos de las multas que serán aplicadas a ambos gremios en falta por no haber acatado la conciliación obligatoria ni las posteriores intimaciones de la entidad gubernamental.

Ayer a la mañana, la Adosac recibió el comunicado en donde se le informa los montos que debe abonar a la Secretaría de Trabajo en concepto de la sanción punitiva, $ 700.000 que deben ser pagados antes de los próximos 5 días hábiles por parte del sindicato. Mientras tanto, con menos afiliados, la AMET deberá pagar la cantidad de $ 50.000.

La posibilidad del embargo a los gremios no se descarta si es que éstos no responden al pago de la mora en los plazos estipulados. La notificación se remite al Inc. F del Art. 4 ª Cap. 2 Anexo 2 del Pacto Federal del Trabajo, Ley 25.212 ratificado por Ley Provincial Nº 2.506.

La Secretaría de Trabajo estableció entonces el monto mínimo dispuesto por ley nacional, ante la falta considerada muy grave por la legislación, $ 1.000 por afiliado en huelga, que en este caso Trabajo contabilizó 700 docentes, lo que dio como resultado estos $ 700.000.

“La violación por cualquiera de las partes de las resoluciones dictadas con motivo de los procedimientos de conciliación obligatoria y arbitraje en conflictos colectivos”, es una falta “muy grave”, indica el Pacto Federal del Trabajo en su articulado, lo que implica el tipo de sanciones que van desde los $ 1000 a los $ 5000 por afiliado en huelga.

Asimismo y a continuación se indica que en casos de reincidencia respecto a las infracciones previstas en los incisos c, d, y h del artículo 3, “la autoridad administrativa podrá adicionar a los montos máximos de la multa una suma que no supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del total de las remuneraciones que se hayan devengado en el establecimiento en el mes inmediatamente anterior al de la constatación de la infracción”.

El secretario de finanzas de la Adosac aseguró en principio que “esto tiene que ver con que el Gobierno quiere quebrantar al gremio, pero nosotros no tenemos ningunos intereses políticos”, y con respecto a la multa “la vamos a apelar, nuestros abogados están preparando el recurso”.

En este marco hizo mención a los “casi 40 docentes que están procesados en zona norte: en seis horas se resuelve un fallo judicial, mientras con lo que pasó en la Cuenca con docentes golpeados por el ente que está filmado, ni siquiera se ha avanzado en la causa y encima si lo queremos llevar más allá todavía, recordemos que hasta un testigo del mismo Gobierno, que es Pérez Osuna”.

Como consecuencia de la medida dispuesta desde la Secretaría de Trabajo, los congresales ayer se dirigieron a Pico Truncado para realizar un nuevo congreso provincial, buscando definir el posicionamiento ante las multas y la posibilidad de pagarlas, o buscar mecanismos para volver a sentarse con el Gobierno de la provincia. Fuentes del gremio indicaron a este medio la imposibilidad de erogar tal suma de dinero en efectivo. Al cierre de esta edición, las discusiones en el congreso de zona norte continuaban.