Así lo dispuso el juez Luis Federico Arias, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, por “temeridad y malicia” al obstruir un proceso por el saneamiento ambiental de la planta industrial que tiene la Papelera Quilmes (ex Papelera Massuh SA).

Además el magistrado también impuso una multa diaria de mil pesos a Gutiérrez y a otro funcionario por incumplimiento de la colocación de una barrera forestal en la zona. En caso de no responder a la sanción, el juez ordenó el embargo de sus sueldos.

Ya se había denunciado el incumplimiento de obligaciones asumidas en un convenio firmado por los denunciantes, la Municipalidad de Quilmes y representantes del fondo fiduciario que tiene la posesión de la empresa ex Massuh SA, en el marco de un reclamo colectivo contra esa compañía por incumplimiento de obligaciones ambientales en su planta industrial de Quilmes, y que había sido homologado por Arias el año pasado.

En el convenio, el Municipio se había comprometido a crear un área de minimización del impacto ambiental generado por la industria Papelera Quilmes en el Barrio José Hernández, en esa localidad bonaerense. Entre esas obligaciones estaba la de realizar el entubamiento de un desagüe, su posterior parquización y creación de un espacio recreativo, y la colocación de una barrera forestal.

Según el juez Arias, se ha incumplido con las obras de entubamiento y no se ha ejecutado la barrera forestal.

“El incumplimiento de las órdenes del Poder Judicial implica un acto de suma gravedad institucional y la negación misma del Estado de Derecho, que exige el pleno sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico, a la vez que socava la legitimidad del poder administrador para exigir el cumplimiento de las leyes a los ciudadanos”, sostuvo el juez en su fallo.

Además Arias señaló que “la conducta asumida por la demandada en autos revela una clara actitud temeraria y maliciosa, con la finalidad de entorpecer u obstruir el curso del proceso y con conciencia de su propia sinrazón (vgr. afirmó contar con los fondos suficientes para la realización de la obra, luego solicitó prórroga para cumplir con la obligación, de la que finalmente afirmó que era de imposible cumplimiento; adjuntó fotografías que no eran del lugar objeto del acuerdo; y por último afirmó haber plantado más de 700 árboles, cuando en realidad se constataron sólo 50)”.

Además de Gutiérrez fueron multados los siguientes funcionarios municipales: Gabriela González, directora de Evaluación e Impacto Ambiental; Marcela Claudia Linares, asesora de la Secretaría de Economía y Producción y Empleo; Manuel Roberto Carracelas, secretario de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico, y Carlos Fernando Fux, director operativo de Gestión Jurídica.