La senadora y primera dama Lucía Topolansky informó que hasta el momento nueve ministros suscribieron la iniciativa, que norma la imposición de un impuesto progresivo a las grandes extensiones de tierra. El presidente uruguayo y el vicepresidente Danilo Astori, luego de trabajar en el documento durante varios encuentros, anunciaron que la propuesta debe ser aprobada por el Legislativo sin modificaciones de peso.

Según el proyecto de ley, el gravamen tendrá pagos renovados anualmente, y se considerarán sujetos pasivos del impuesto “las personas físicas, los núcleos familiares y sus sucesores, siempre que su patrimonio supere las dos mil hectáreas al cierre del ejercicio”.

Lo recaudado a partir de la implantación de la ley beneficiará a los gobiernos departamentales y un fondo creado por la Comisión Sectorial administrará los recursos en los términos que establezca la reglamentación. Los fondos contribuirán a resolver problemas relacionados con la reparación de la red de caminos rurales y los que den acceso a los establecimientos industriales y comerciales en los departamentos, no relacionados con grandes proyectos viales.

La ley contemplará, además, otra contribución al fisco por concepto de las cuotas por enajenación de inmuebles rurales para contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF).