En el Encuentro, las mujeres sostuvieron la necesidad de exigir que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), sobre los abortos no punibles, se cumpla según lo ya establecido. Esto implica enviar el mensaje sobre la innecesaria existencia de denuncias policiales o declaraciones juradas con intervención del Ministerio Público, como lo exige el reciente protocolo que deben seguir en los hospitales salteños cuando se presenta el caso de una mujer, adolescente o niña que declare haber sido víctima de una violación.

"Hay una clara violación a la intimidad", sostuvo Julieta Quipildor de "Jóvenes Socialistas", al sostener que este punto fue considerado en el debate cuando se habló de la necesidad de contar con la intervención del Ministerio Público para la declaración jurada. Otro punto acordado fue solicitar que la Educación Sexual Integral ingrese en la currícula de formación de las carreras docentes, denunciar ante la Justicia por incumplimiento de funciones a los médicos que se nieguen a realizar los abortos no punibles, al momento que cuestionaron la objeción de conciencia considerándola un "abuso de poder", del médico que trabaja en una institución pública.

Socializar la información

Gabriela Salazar, de la organización Tupac Amaru en Salta, indicó que en el caso de ellas quieren socializar las alternativas que tienen las mujeres de escasos recursos económicos, y en las que más barreras se pueden presentar al momento de pedir un recurso no punible no tanto por los recursos en sí, como por los prejuicios que se sostienen cuando se habla del aborto. "Sabemos de casos en los que las chicas quedan embarazadas y sus mamás no quieren que vayan a una revisión en el médico". "Queremos tratar de romper con eso", sostuvo Salazar al señalar que la intención de la Organización es socializar las alternativas de las mujeres en las mismas copas de leche.

"Una violación permanente al derecho a la intimidad"

La representante de Católicas por el Derecho a Decidir, Silvia Juliá, sostuvo que establecer la intervención del Ministerio Público, como se hace en Salta, es apuntar a una "violación permanente al derecho a la intimidad", en tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ya sostuvo respecto de un caso argentino, que la intervención de cualquier funcionario que no sea el médico que atiende el aborto, en el proceso, implica una violación a los derechos humanos. Recordó que en esta misma causa a la que refirió el comité, se sancionó al Estado argentino.

Destacó que en Salta, en tanto, se espera la resolución sobre la inconstitucionalidad del decreto que enmarca la necesidad de judicializar el pedido de un aborto no punible. No obstante, se destacó en el Encuentro que Salta sea una de las 14 provincias que ya cuenta con un protocolo. Y es que en Córdoba, contó Juliá, el Portal de Belén presentó un amparo que suspendió la aplicación del protocolo del aborto no punible.