El tema de la penalidad de los menores que delinquen es materia corriente en cada conversación de los marplatenses, donde se enfrentan los que creen que hacen falta leyes nuevas, con los que piden funcionaros públicos que apliquen normas que ya existen.

El caso paradigmático ha asido estremecedor: un menor que ya había cometido dos homicidios, estaba sin embargo libre. Después de haber protagonizado más de una docena de fugas desde instituciones penales para menores, pudo montar una operación ágil de asalto que le permitió irrumpir, el pasado año, en una casa de la calle Vieytes y terminar de manera absurda con la vida de un adolescente que celebraba el cumpleaños de sus hermanos. Stéfano Bergamaschi murió en la ambulancia, como consecuencia de los disparos que le dirigió El Tona, Jonatan Maldonado, un menor que impunemente vivía del delito en medio de una familia de otros delincuentes: juntos se alojaban en la llamada Villa Mateotti.

En ese momento, las miradas fueron a dar con la jueza de menores Silvina Darmandrail, que se vio sobrepasada por las circunstancias y recurrió a una oportuna carpeta psiquiátrica. Pero a la hora de la verdad, las voces comenzaron a surgir solas. Se supo que El Tona estaba libre gracias a la ineficiencia de la jueza, y que era lógico que hubiera sucedido, ya que la misma policía ha dicho en más de una ocasión que ella libera a los pibes presos por teléfono. Una vez más, el tema no es la norma: es la desidia.

La denuncia está firmada por los miembros de la Asociación Judicial Argentina. Y va contra la jueza Darmandrail, que tiene a su cargo no solamente las cuestiones asistenciales que tuvo siempre -como cuando estaba a cargo de un juzgado de menores- sino además las nuevas causas, que demandan sentencia: las que corresponden al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil. Según se declara, la jueza no escribe prácticamente nada, salvo las causas en las que expresamente requiere intervenir de manera personal. Ni siquiera escribe las sentencias, y deja toda la responsabilidad en manos de los empleados, que luego son severamente responsabilizados de los errores cometidos. La jueza no toca un expediente desde hace meses.

Psiquiátrico

Pero la denuncia de la Asociación no solamente se aboca a la ineficiencia que terminó con un asesino libre, y desencadenó la tragedia una vez más. Se la acusa de violencia laboral según lo contemplado en la específica Ley 13.168. Para eso cuenta con los testimonios directos de cada uno de los empleados a cargo de la jueza en el tribunal.

Ya en 2007 la jueza había dado muestras de su actitud cuando solicitó la desafectación de Adriana Mateo, paciente con cáncer, diciendo que no quería trabajar con personas enfermas. Luego, las secretarias adscriptas Castany Inglada y Silvia Zárate se fueron del tribunal por problemas personales con la jueza. Y lo mismo sucedió con la perito psiquiatra Miriam Kauffman, que había intervenido en numerosas ocasiones para tratar de minimizar los conflictos entre el personal y la magistrada: se hartó y renunció al Poder Judicial.

La jueza Darmandrail inició un sumario interno al secretario Roberto Manuel acusándolo de demoras en las causas, mora que no resultaba diferente de la que registran la mayoría de las dependencias judiciales. Como consecuencia de esto, Manuel sufrió un infarto. Una vez reincorporado, no se le volvió a enviar trabajo, a pesar de que en varias ocasiones lo ha solicitado. La prosecretaria Claudia Blanco ha psicosomatizado sus problemas laborales a través de un cuadro de hipertensión: convive con fuertes discusiones con la jueza y se profieren improperios asiduamente.

Hasta que por fin las cosas salieron a la luz, cuando seguramente cansado de un calvario permanente, Alberto Binotto se negó a seguir siendo víctima de la persecución e inició una denuncia por violencia laboral contra la jueza, ante las oficinas de Control Judicial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Eso fue el acabóse.

Cuando la jueza se enteró de la denuncia, citó a todo el personal en el despacho de Roberto Manuel y comenzó su escena a la voz de ”ustedes me tienen las pelotas por el piso”, y les achacaba que después de la presentación habían venido los del gremio. Dijo que ella, al momento en que la dependencia se había convertido en Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil, les había preguntado a todos si se querían quedar, y que ahí las cosas eran así: “el que quiere quedarse, se la tiene que bancar”.

La dueña

Lo había dejado bien en claro. Uno de los testigos afirma: “Nos dijo que sabía muy bien la clase de personas que éramos, como si nos hubiera parido, y apuntaba con el dedo índice a cada uno de los presentes. Nos decía: yo conozco cada una de tus bajezas y tus altezas”. Cuando alguno de los presentes intentaba intervenir para expresar las molestias que se estaban viviendo, la jueza se negaba a escucharlos y no dejaba que continuasen la frase. “Yo me cago en el trabajo en equipo”, decía a los gritos, “y no me importa que se respete ninguna norma de convivencia”. Dijo que las cosas allí eran así, que así se iban a quedar, y que al que no le gustaba, allí tenía la puerta.

El 19 de mayo de 2010, a las 14.05, la jueza ingresó al despacho de la auxiliar letrada Claudia Blanco reclamando un informe a los gritos. Tan alto era el volumen que uno a uno los demás empleados del juzgado se fueron acercando por temor, ya que no se sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Dicen los testigos que realmente parecía desquiciada, por lo que intervino la prosecretaria pidiendo a Josefina Marino que saliera del despacho a ver si la jueza se calmaba: Marino era el blanco del reclamo. En ese momento salieron también de sus despachos quienes trabajan en el Juzgado de Garantías vecino, Walter Martínez Soto y Rodrigo de la Plaza, preguntando acerca de lo que sucedía, precisamente por los gritos. Tales alaridos descontrolados fueron también registrados por Alberto Agote desde el tercer piso, por Liliana Fernández, Beatriz Malbrán y otros. El Juzgado de Garantías del Joven Nº 2 suspendió la audiencia que realizaba porque los gritos de la jueza Darmandrail se superponían con lo que allí se hablaba, y no se podía registrar el audio.

Todos saben lo que pasa, pero los empleados están acostumbrados a contenerse y consolarse entre sí cada vez que alguno es víctima de las humillaciones y degradaciones públicas de la jueza, que ahora ha agregado un nuevo método de castigo encubierto e ilegal: recargar de trabajo a algunos, o vaciar el escritorio de otros, a quienes no se les envía una sola causa.

Todos comprenden por qué este medio califica su carpeta psiquiátrica de “oportuna”: alguien con esta inestabilidad psicológica no puede tener en sus manos la vida de nadie, menos aun la de los menores de esta ciudad, que correrán la suerte que indique su patología.

Desde su licencia que continúa efectuando denuncias a modo de defensa, e intentando destruir la carrera de sus empleados. Recientemente inició un sumario contra Josefina Marino, a quien acusa de haber vendido a la prensa -precisamente a Noticias & Protagonistas- información de un expediente que la empleada nunca manejó. Marino ya ha sufrido alopecia como consecuencia del estrés laboral, y angor de miocardio. No resiste más, y como castigo está tapada de causas.

Por si alguien quiere saber cuál es la razón de que los menores peligrosos estén sueltos, y no haya un funcionario público que pueda trabajar en combinación con las fuerzas de seguridad para terminar con la ola de violencia que no nos deja salir a la calle: en el juzgado hay tanta violencia como afuera.

Oscar Yenny, de la Asociación Judicial Bonaerense, dice que la entidad espera lograr un jury, no solamente por el acoso moral laboral (mobbing), sino además por el franco incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras tanto, dice Yenny, “el último en salir de la dependencia que apague la luz”. Todos se trasladan, pero hay, en manos de la jueza, menores en riesgo o en situación de adopción que no pueden salir de su poder. Con una mujer fronteriza, no se salva nadie.