El Concejo Deliberante arranca hoy el debate de un proyecto considerado clave por la gestión radical: el que permitirá a la intendencia realizar “convenios urbanísticos”. Más allá del cambio de rótulo, la norma busca activar la misma herramienta que Daniel Giacomino promovió y luego desistió de regular: un mecanismo para otorgar excepciones a la normativa de uso del suelo y de edificación, que establece que los privados deberán compartir con el municipio una parte del beneficio extra en rentabilidad que genera esa excepción. Por ejemplo, si lo que se permite a un privado es mayor edificación que la autorizada por norma en un terreno, parte de la ganancia por los metros cuadrados “extra” que construya deberá pagarse a la comuna.

El proyecto –enviado por el Ejecutivo hace días al Concejo Deliberante– establece que esa plusvalía que recibe el Estado deberá ser de al menos el 15 por ciento de lo generado cuando se permita mayor ocupación de un terreno, y de por lo menos 10 por ciento sobre el plus por más metros edificados autorizados.

Los privados pagar eso de tres maneras: con dinero en efectivo, cediendo parte de la tierra o de lo construido o ejecutando obras de infraestructura o de “otro tipo”.

Hoy, desde las 11, el proyecto comenzará a ser debatido en la Comisión de Desarrollo Urbano, con la presencia de Mariano De Juan, secretario de Desarrollo Urbano y responsable de la elaboración del proyecto (su área será además autoridad de aplicación de los convenios). La discusión promete ser jugosa, ya que algunos bloques anticiparon críticas y, en el caso del liderado por Olga Riutort, impulsa un proyecto propio.

Otra entidad que ya presentó sus críticas a todos los concejales es el Foro Ambiental Córdoba. La entidad precisó ocho objeciones al proyecto: “La cuestión de fondo que señalamos pasa por la ‘mercantilización’ del ordenamiento territorial. Nos parece que cobrar por dar excepciones va a influenciar fuertemente el ordenamiento territorial de la ciudad, y va a resultar en lo contrario: un desordenamiento”, señaló a Día a Día Federico Kopta, integrante del Foro.

Otras observaciones realizadas por el grupo son que el proyecto no especifica quién pagara la ampliación de servicios que se requiere cuando se autoriza mayor densidad en un lugar (ya que los convenios urbanísticos siempre apuntan a sumar uso del suelo o mayor construcción), no considera la participación vecinal en las concertaciones; y plantea la publicación de los convenios una vez aprobados y no antes, cuando hay chances de modificarlos.

Sector inmobiliario. El municipio defiende el proyecto para regular los convenios urbanísticos. Asegura que reportará beneficios al municipio que hasta ahora no percibió. Y remarca un punto: incluye un artículo que le garantiza a la comuna cobrar plusvalía por todo cambio de ocupación y uso del suelo que realice por su decisión y que a futuro genere rentabilidad extra a un propietario.