Se trata del primer acercamiento entre Moyano y un aliado de su archienemigo Luis Barrionuevo, gesto hacia adentro de la interna cegetista y hacia el Gobierno, al que no le conviene la unión sindical.

Ambos dirigentes, que mantienen una vieja amistad a pesar de estar enfrentados en lo político, se reunieron hace veinte días en la sede de Camioneros. Los divide el kichnerismo –Venegas se fue de la CGT cuando se profundizó su alianza con Eduardo Duhalde–, pero los une el “espanto” ante la posibilidad de que el Gobierno “vaya por las obras sociales”, principal caja de la CGT.

“Hablaron de la situación de las obras sociales y evaluaron qué sería más conveniente para nosotros: si iniciar juicios al Estado y amparos judiciales para pedir la distribución de fondos, o si organizar una marcha y manifestación multitudinaria para reclamar la guita de las obras sociales”, relató a este diario el secretario general de un gremio del sector de los “independientes”, quien dialoga con ambos dirigentes.

Entre los enemigos de Moyano, confirmaron estar al tanto de la reunión, pero le restaron importancia. “Estas uniones son esporádicas, coyunturales. El objetivo es abrir la conversación entre los distintos sectores del movimiento obrero y estar todos juntos frente al problema de las obras sociales”, confió uno de los “gordos” a PERFIL.

“Moyano lo consultó al Momo”, admitieron cerca de Venegas. La pelea de la central obrera por los fondos de las obras sociales se basa en que, según los gremialistas, el gobierno desfinancia su sistema de salud al no distribuir el Fondo Solidario o Fondo de Redistribución, en el que se acumulan unos $ 4 mil millones, según aseguraron esta semana a PERFIL en la Superintendencia de Servicios de Salud. Esos fondos provienen de aportes de los afiliados que son recaudados en una cuenta corriente en el Banco Nación, administrada por el Gobierno.

Antes de que la presidenta Cristina Kirchner asumiera en 2007, el Fondo se distribuía entre todas las obras sociales de acuerdo con la cantidad de afiliados. Los gremios más beneficiados, entonces, eran Comercio, Uatre (peones rurales) y la Uocra (construcción). Por eso, los sindicalistas evalúan con urgente paciencia cuál es la mejor estrategia a la hora de recuperar los fondos. Si el Gobierno accede a liberarlos bajo el viejo sistema, estos tres gremios se beneficiarían mucho más que el resto. Y eso es algo que los moyanistas no desean que pase. “Moyano le dijo al Momo que esa opción no era conveniente”, indicaron cerca de Venegas.

Moyano y Venegas tienen un frente de batalla en común: ambos afrontan causas judiciales por el manejo de sus obras sociales. Venegas incluso fue detenido por orden del juez federal Norberto Oyarbide, que también investiga a Moyano, al igual que el magistrado del Juzgado Federal Nº 11, Claudio Bonadío. Durante el encuentro en Camioneros, “también intercambiaron opiniones sobre el tema judicial”, aseguró uno de los “independientes”.

Silencio de radio por Zaffaroni

Tal como buscaba el juez Eugenio Zaffaroni, La Alameda, la ONG que denunció los prostíbulos que funcionaban en departamentos a nombre del magistrado, decidió bajar su perfil y evitar contacto con los medios hasta después de los comicios.

En un comunicado, plantearon que “dada la seriedad respecto nuestra denuncia y a los efectos de evitar cualquier uso o interpretación tendenciosa o partidista de nuestras manifestaciones en plena etapa electoral, la Fundación La Alameda ha decidido no hacer declaraciones a los medios hasta después de las elecciones”.

En Diputados, la oposición pidió postergar el tratamiento del juicio político a Zaffaroni, así como la citación a declarar ante la comisión de Asuntos Constitucionales, que quedarán para después del 14 de agosto.

En tanto, la Federación Argentina de la Magistratura expresó que un ciudadano, como Zaffaroni, que construye república, desde el ámbito académico, desde su lugar y actividad en esta CSJN, “no debe ser sometido a la liviandad ni a la especulación”.