El mismo expresa una clara imposición antidemocrática centralizando el poder de decisión en la Oficina Unica de Clasificación Docente (OUCD) dependiendo exclusivamente del Ministerio de Educación y sus funcionarios de turno.

Consideramos que, ante la posibilidad de una modificación de semejante envergadura del Estatuto Docente era y sigue siendo indispensable su tratamiento, en primera instancia con la mesa de condiciones salariales y laborales y luego con los docentes.

Sabemos que el sistema de las juntas tiene sus falencias y que existe una imperiosa necesidad de corregirlas pero, que la solución para esas dificultades sea reemplazar las actuales juntas por una OUCD es una falacia, un razonamiento incorrecto. Es indispensable modernizar e informatizar el sistema pero, como está planteado en el proyecto en cuestión, parecería que esto es posible sólo si se acepta la eliminación de las juntas.

No podemos dejar de mencionar que el Gobierno de la Ciudad tiene una responsabilidad que le debería resultar indelegable en el defectuoso funcionamiento de las juntas de clasificación y que si “el sistema carece de control”, como argumentan en los fundamentos del proyecto, lo que debería hacer es arbitrar los medios necesarios para que dicho control sea llevado a cabo y de la manera más eficiente posible.

Por los motivos expuestos exigimos el archivo del proyecto y la inmediata convocatoria de la mesa de condiciones salariales y laborales.