La movida pidió también "la aceleración de los juicios" y "la condena social" para aquellos que participaron de la represión ilegal en la provincia durante la última dictadura militar. La movida se generó frente al Colegio de Abogados, en la avenida Argentino Valle, donde unos 40 militantes cortaron el tránsito y entregaron volantes a automovilistas y transeúntes.

"Estamos aquí para que quede claro que la condena social sigue firme, y para recordar que hace dos años empezaba un juicio que condenó a cárcel común a los represores que actuaron en La Pampa, pero también para señalar que varios de los responsables de torturas y tormentos están hoy en sus domicilios gozando de beneficios procesales, que fueron otorgados por la Justicia", aseguró Víctor Giavedoni, uno de los referentes de la movilización organizada también por partidos políticos de izquierda, estudiantes universitarios y la ONG Mujeres por la Solidaridad.

Mientras un grupo se apostó en la puerta del Colegio de Abogados y extendió banderas a lo largo de la avenida, otro grupo de militantes se ubicó en la esquina de Argentino Valle y Luro. Tras varios minutos, la columna se dirigió caminando hacia la casa de Fiorucci, muy cerca de allí. En la esquina de Independencia y Allan Kardec los manifestantes realizaron el "escrache" con canciones y pintadas en aerosol sobre el asfalto.

"Mientras no haya justicia habrá escrache y condena social, porque las víctimas, que tanto esperaron una condena judicial, ahora deben sufrir el hecho de que sus victimarios vivan en la misma cuadra, en el mismo barrio. Sucede por ejemplo con Fiorucci, vecino de la familia de Raúl D'Atri, o con el médico (Américo) Taborda, que también vive en la zona. Entonces se genera una situación terrible por el hecho de saber que estas personas están en el barrio, en la comunidad y pueden cruzárselos en cualquier momento", indicó Giavedoni.

Fiorucci, condenado en el juicio de 2010 por secuestros y torturas y que está con prisión domiciliaria, debía declarar ayer en el Juzgado Federal en el marco de la causa Subzona 14 II, pero presentó un certificado médico por un cuadro de hipertensión y su declaración fue pospuesta hasta el próximo viernes.

Con 48 horas.

Durante la movilización y corte de la avenida llamó la atención la ausencia de agentes de tránsito y móviles policiales, sobre todo si se tiene en cuenta que fue a una hora de la tarde con alto tráfico y en una zona de muchísimo movimiento. Al respecto, Giavedoni explicó que cuando llamaron a la municipalidad les dijeron que no iban a hacerse presentes porque "no avisaron con 48 horas de anticipación".

"Les dijimos que era un escrache, por lo tanto algo sorpresa, pero nos dijeron que había que avisar dos días antes", indicó sorprendido Giavedoni. Cuando la movilización estaba frente a la casa de Fiorucci aparecieron dos agentes de tránsito y luego una moto policial, pero en ese momento la marcha llegó a su fin.

Hubo dos nuevas declaraciones

El Juzgado Federal tomó ayer declaración indagatoria en el marco de la causa Subzona 14 II a los ex oficiales de la Policía pampeana Miguel Gauna y Jorge Quinteros, mientras que Roberto Oscar Fiorucci, que también estaba previsto, presentó un certificado médico por lo que lo hará la próxima semana.

Fuentes judiciales informaron que Gauna y Quinteros dijeron, como los indagados el miércoles, que no habían participado de los hechos por los que son acusados y que no pertenecían al grupo de tareas de la Subzona 14. Además, se indicó que no hubo más presentaciones para obtener el beneficio de la prisión domiciliaria, luego que el miércoles se le otorgara a Rubén Benavídez.

Por su parte, Fiorucci, que fue condenado en el juicio de 2010 por secuestros y torturas y que está con prisión domiciliaria, presenta un cuadro de hipertensión, por lo que se pospuso su declaración hasta el próximo viernes.

Hoy seguirán las indagatorias y están previstos los ex oficiales Néstor Cenizo, Luis Lucero y Juan Domingo Gatica.

En total, son 28 los imputados en el expediente 615/10, la causa denominada Subzona 14 II, que investiga los secuestros y torturas cometidos sobre unas 300 víctimas pampeanas durante la dictadura militar por parte de los miembros del grupo de tareas de la Subzona 14. Son hechos que no fueron juzgados en el proceso realizado en 2010 por el que nueve represores fueron condenados.

En Bahía Blanca pidieron perpetua a 14 represores

El fiscal del juicio oral y público en Bahía Blanca a 17 ex oficiales del Ejército por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar pidió ayer en su alegato ante el Tribunal Oral Federal, prisión perpetua para catorce de los imputados, entre otras penas.

El juicio, que es presidido por el juez pampeano José Mario Triputti, está en su etapa final. El juicio oral se lleva adelante en el marco de la causa denominada "Bayón, Juan Manuel y otros", donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del V Cuerpo del Ejército.

La Fiscalía requirió ante los jueces Triputti, Jorge Ferro, y Martín Bava las penas de prisión perpetua para Osvaldo Bernardino Páez, Hugo Jorge Delme, Juan Manuel Bayón, Mario Carlos Antonio Méndez, Jorge Enrique Mansueto Swendsen, Jorge Aníbal Masson, Hugo Carlos Fantoni, Walter Bartolomé Tejada, Norberto Eduardo Candal, Jorge Horacio Granada, Carlos Alberto Taffarel, Héctor Arturo Gonçalves, Vicente Antonio Forchetti y Héctor Jorge Abelleira; idéntico pedido al realizado anteriormente por la Secretaría de Derechos Humanos y las otras tres querellas presentadas.

En tanto, el fiscal pidió 25 años de prisión para Héctor Luis Selaya y Reynaldo Miraglia, mientras que solicitó 21 años para Carlos Alberto Contreras.

Oportunamente, el organismo de Derechos Humanos nacional solicitó 20 años de prisión para estos tres imputados y los otros querellantes requirieron 17 años de prisión para Contreras y 17 años y 6 meses de prisión para Selaya y Milagra.

En la causa se investigan los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada y homicidio agravado reiterado.