El pasado viernes el fiscal del distrito, el doctor Rodolfo Moure, recibió en su despacho a los concejales que integran el bloque de la UCR en el Concejo Deliberante. Esteban Reino, Eduardo Vidal, Beatriz Navarro, y Jorge Durand, expusieron ante el fiscal los argumentos que sostienen la postura del radicalismo en torno a la usurpación de casas del Plan Federal. Tras el cónclave, el concejal y presidente de la bancada radical, el doctor Esteba Reino, habló con el diario La Vanguardia y explicó los alcances de la reunión. “Lo que nosotros planteamos, aunque ya muchos movimientos sociales hablen de estado de alerta y movilización, cuando curiosamente no reaccionaron cuando le sacaron las casas a los verdaderos adjudicatarios que son tan humildes y tan necesitados como ellos, es que se pase a la legalidad a muchos que hoy están en la ilegalidad, y sacar a los vivos que vieron la oportunidad y se metieron y por supuesto a los violentos que han generado los hechos que son de público conocimiento. El fiscal Moure nos ha dicho que está trabajando sobre los hechos de violencia y las casas usurpadas de 116 y 13 y creemos que prontamente habrá una decisión que veremos que recepción puede tener en el Juzgado de de Garantías”. Asimismo Reino indicó que “la policía es la que debe brindar seguridad en la zona. Creemos que todos debemos comprometernos con esta situación y justo al Ejecutivo y la justicia encontrar el mejor camino para solucionarlo, pero las decisiones deben tomarse ya”, concluyó Reino.

Vecinos en alerta y movilización. Fue enviado al diario La Vanguardia con pedido de publicación un comunicado que lleva la firma de varias personas que tomaron casas del Plan Federal y que piden no se “criminalice” la pobreza. La nota, sobre la elaboración de un proyecto de comunicación para que se haga efectivo el desalojo de quienes ocuparon viviendas correspondientes al Plan Federal expresa: “Según surge de diferentes informaciones, dicha presentación es motivada por algunos hechos de violencia producidos en cercanías de nuestras viviendas. Ante ello, declaramos nuestra condena a toda acción violenta que se produzca dentro de nuestra comunidad. No obstante, entendemos que dichos hechos puntuales deben ser investigados y en consecuencia actuar sobre sus responsables, sin por ello pretender el desalojo de viviendas, lo cual dejaría varias familias en la intemperie, generando con ello situaciones propicias para la producción de nuevos hechos de violencia. La pretensión del desalojo de casas en nuestra zona como vía para terminar con la comisión de actos violentos nos parece tan disparatada como lo sería el desalojo de todos los locales del centro comercial de una ciudad para terminar con puntuales y supuestas evasiones impositivas allí cometidas. Llama nuestra atención la constante preocupación de algunos concejales y funcionarios en la ocupación de viviendas que se han producido ante un estado de necesidad extrema y en situación de calle-, y la paralela falta de interés demostrada por los mismos frente a la posible comisión de delitos por parte de algunos constructores que habrían recibido dineros del Estado nacional por un avance de obra que no se ha producido, y de funcionarios que habrían certificado dicho avance como existente. Por lo tanto, frente a las gestiones realizadas por dichos concejales para lograr el desalojo de viviendas del Plan Federal, en virtud de hechos delictivos que cometerían algunos de sus ocupantes, invitamos a los mismos a detallar públicamente los proyectos elaborados y otras gestiones por ellos realizadas para lograr la investigación de los supuestos hechos delictivos que empresarios y funcionarios podrían haber cometido durante la construcción de dichas viviendas, de lo cual ya pasaron más de tres años. Esta diferente manera de proceder frente a una y otra cuestión nos hace presumir que estamos ante un nuevo intento de criminalización de la pobreza. Ante ello, declaramos: nuestro estado de alerta frente a un nuevo requerimiento de desalojo de las viviendas en las que permanecemos junto a decenas de menores de edad. - Nuestro repudio a las manifestaciones vertidas por ediles que propugnan el desalojo de viviendas. -Nuestra propuesta de un completo relevamiento socio-ambiental a efectuar por técnicos de una Universidad nacional. -Nuestra invitación a todos quienes han ingresado a viviendas del Plan Federal a unir esfuerzos y atención ante factibles manifestaciones de fuerza sobre nuestras personas y bienes. Por último, respetuosamente solicitamos a las autoridades municipales y a representantes de otros sectores políticos con representación en los cuerpos legislativos provinciales y nacionales, se nos informe acerca de la evolución de los trámites tendientes a lograr soluciones habitacionales a quienes carecemos de vivienda".