La política migratoria y de seguridad vuelve a enfrentar al Gobierno y la oposición. Una de las primeras medidas de la gestión de Alberto Fernández fue dar marcha atrás a varios decretos de Mauricio Macri. Uno de los primeros fue la derogación del uso de las pistolas Taser que generó peleas internas con la provincia de Buenos Aires, y puso fin al pedido de documentación en las calles y estaciones de trenes y subte.

Dentro de la política del macrismo de mano duro en materia de seguridad se sumó la polémica decisión de impedir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales. Si bien fue una decisión migratoria tiene que ver el objetivo de combatir la inseguridad. El Gobierno de Cambiemos tuvo como bandera de gestión terminar con la delincuencia, pero con medidas de excesos injustificados.

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La administración de Fernández derogó hoy inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 70/2017 del ex presidente Mauricio Macri que permitía la deportación de inmigrantes con causas judiciales pendientes sin brindarle las mínimas garantías del debido proceso ni el derecho a la defensa.

El nuevo decreto 138-2021 argumenta que el DNU del macrismo “resulta irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos”. Menciona además “la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.

Como aval de la marcha atrás, el Ejecutivo se basó en la ley migratoria Ley N° 25.871 que estableció “el régimen de política migratoria argentina, disponiéndose las reglas de admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas, así como los derechos y obligaciones de los extranjeros y las extranjeras que desean habitar en la Argentina”.

La medida generó fuertes críticas del espacio político opositor. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que “el presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país”. 

El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró “incomprensible” la medida de Alberto y dijo que  “el que viene a hacer daño, matar o robar no puede quedarse en la Argentina”. Cambiemos recordó que entre 2016 y 2019 hubo 3 mil expulsiones de personas con causas penales en sus países de origen o en el país.

El ministro que estaba a cargo del área durante la administración de Macri, Rogelio Frigerio, repudió el nuevo decreto. “El gobierno sigue retrocediendo. L o único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos”, señaló en Twitter.

Por parte del Gobierno salió en defensa la ministra de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. “La política migratoria argentina vuelve a ser faro y garantía del ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes”, festejó la funcionaria en las redes sociales.  

También Aníbal Fernández sentenció que el anterior DNU “choca con la política de derechos humanos” y  “establecía impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes en el país, y aceleraba trámites de expulsión reduciendo las garantías procesales de las personas”.

Organismos internacionales reclamaron el fin del decreto contra los extranjeros. Al conocerse la resolución en el  Boletín Oficial, Amnistía Internacional celebró la derogación del decreto 70-2017 que “había significado un fuerte retroceso para la política migratoria argentina”.